César Manzanos, profesor universitario e integrante de Salhaketa, defendió ayer un nuevo modelo penal, en el que la privación de libertad sea la última opción del sistema judicial. «Hay que acabar con el uso abusivo de la prisión», destacó ante los parlamentarios presentes en la Comisión de Trabajo y Justicia de la Cámara de Gasteiz, donde compareció a petición de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para exponer su posición en torno a la transferencia de la competencia penitenciaria.

Según explicó, es necesario sustituir las macrocárceles por centros pequeños donde las personas presas puedan recibir un tratamiento individualizado. Y se deben articular programas de tratamiento para quienes presentan problemas de drogodependencias. «De este modo, dos terceras partes de las personas presas no estarían en prisión», indicó Manzanos, que apostó por mirar ejemplos de países más avanzados para diseñar nuevas instalaciones destinadas a mujeres con hijos e hijas.

Estas medidas, que se completarían con un centro ordinario y que podrían implementarse en un horizonte de tres o cuatro años, deberían ir acompañadas de una batería de medidas sociales, dirigidas a «romper la conexión entre pobreza y prisión». «Cuando las personas tienen autonomía y salud no vuelven a prisión», señaló el compareciente, que en 2005 público junto a otros profesionales un documento en el que se analizan los cambios derivados de la asunción competencial.

Recordó que, a día de hoy, la CAV cuenta con una transferencia «parcial» de las competencias penitenciarias, Osakidetza, por ejemplo, presta asistencia sanitaria en las prisiones y el Ejecutivo es responsable de los centros de menores. Sin embargo, Manzanos advirtió de que la transferencia completa de la competencia daría pie a la elaboración de un reglamento propio de prisiones, que permitiría impulsar un nuevo modelo en el que se garanticen los derechos de las personas presas.

Empezar a tomar medidas

No obstante, Manzanos destacó que no es necesario esperar a tener la competencia para comenzar a dar pasos. Remarcó que Lakua podría empezar a preparar medidas de cara al futuro traspaso, y podría prestar servicios que hasta ahora son ofertados por el tejido asociativo, como los pisos tutelados de Sidálava. «Hablamos de experiencias que se deben integrar en el servicio público», manifestó, e insistió en la necesidad de acabar con la «justicia vengativa».

«Tenemos la costumbre de recurrir al sistema penal cuando hay otros ámbitos del Derecho que pueden servir para solucionar conflictos. Tenemos la costumbre de llevar todo al terreno del castigo», afirmó antes de reiterar su apuesta por un «modelo penal de orientación social». «La prisión no sirve para resocializar, y con un nuevo modelo podríamos ahorrar y dejar de entender la cárcel como un negocio», añadió.

La intervención de Manzanos fue saludada por la parlamentaria de EH Bildu, Jone Goirizelaia, que hace meses viajó a Catalunya junto a otros cargos electos soberanistas para conocer de primera mano que tipo de medidas han puesto en marcha gracias al traspaso de la competencia de prisiones. Entre otras cosas, la Generalitat ha podido cerrar las puertas de la histórica cárcel Modelo y puso en marcha hace un par de años la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura. Además, se ha abierto un debate en torno al régimen de aislamiento.