El director de Amnistía Internacional (AI) en el Estado español, Esteban Beltrán, afirmó ayer en el Parlamento navarro que el caso de los jóvenes de Altsasu que serán juzgados en abril en la Audiencia Nacional española por una trifulca de bar es «un ejemplo de una definición vaga de terrorismo, un problema que lleva a lo desproporcionado».

Beltrán, que compareció ayer en la comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, mostró también su preocupación por que el juicio que tendrá lugar en la Audiencia Nacional no se celebre con todas las garantías, ya que no se han admitido pruebas que solicitó la defensa de los jóvenes navarros. Este caso aparece recogido en el informe anual de este organismo de defensa de los derechos humanos.

«Si hay pruebas que pueden ser decisivas, deben ser admitidas a trámite para poder tener un juicio justo. Y ahí hay un problema», destacó Beltrán.

«El derecho internacional señala que todas las partes que comparecen en un juicio, incluidos los acusados, deben tener acceso a los mismos medios y en plena igualdad de condiciones», recordó.

El director de AI no dudó en calificar de delito lo sucedido en el exterior de un bar en las ferias de Altsasu, pero consideró desproporcionadas las penas que se reclaman. «Por supuesto que reprobamos una acción así y exigimos que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial por la vía penal ordinaria. Pero nos preocupa que, debido a estos cargos, los acusados enfrenten penas de más de 50 años, con cumplimiento efectivo de 25», señaló.

«También hemos mostrado nuestra preocupación por el hecho de que tres de las personas detenidas sigan en prisión preventiva», añadió Beltrán. Por eso, AI ha requerido a las autoridades competentes que aseguren la legalidad de la detención de Adur Ramírez de Alda. Oihan Arnanz y Jokin Unamuno, los tres altsasuarras que permanecen en prisión provisional. Los tres llegarán al juicio permaneciendo 518 días en cárceles situadas en la periferia de Madrid.

«La detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional, únicamente permitida para prevenir el riesgo de huida de la Justicia o cuando las personas acusadas entrañen peligro para otras o para la acción de la justicia», insistió Beltrán, quien recordó que la figura de la prisión provisional está regulada por el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu, destacó que Beltrán enfocó bien el caso de Altsasu, destacando la desproporcionalidad de las peticiones de la Fiscalía y la falta de garantías.

Iñaki Iriarte, de UPN, en cambio, optó por destacar que un parlamento no tiene derecho a pronunciarse sobre una causa abierta en los tribunales. «Es malo para un Estado de derecho que un poder legislativo trate de influir sobre un poder judicial», proclamó.

José Miguel Nuin (I-E) subrayó que «una cosa es que se investigue el acto delictivo y otra que tengamos una definición de delito de terrorismo tan difusa que dé pie a hacer auténticas barbaridades como las que están sucediendo en este caso».

Una agenda común para la verdad, justicia y reparación

Amnistía Internacional reclamó que se ponga en marcha una agenda común de derechos humanos en Nafarroa, la CAV y el Estado español para garantizar que todas las víctimas tengan acceso a la verdad, justicia y reparación y se puedan cerrar heridas.

Esteban Beltrán destacó que esta agenda común debe ir más allá de cualquier sesgo político porque se refiere a derechos humanos básicos y debe basarse en parámetros internacionales. Además, añadió que este es un buen momento para proceder a poner en marcha esta iniciativa, ya que han pasado siete años del cese de las acciones armadas de ETA.

El director de AI subrayó que esta agenda común debe tener en cuenta las vulneraciones sufridas por las víctimas de ETA y también las del BVE o el GAL y las de la tortura. En este sentido, lamentó que el Estado español «siga estando varios pasos detrás», puesto que no ha permitido el acceso a la verdad, «ya que no hay información completa», y no constan datos de ninguna investigación sobre el BVE.

Beltrán también subrayó que el camino de la reparación es «desigual», ya que mientras el 98,11% de las víctimas de ETA han sido indemnizadas, las del GAL han visto denegadas las ayudas y su reconocimiento «como víctimas del terrorismo». También criticó la «nula voluntad» del Estado para enfrentarse a la tortura y destacó el derecho de los presos a cumplir su condena cerca de casa.M.D.