Ha recalado unos días en la capital donostiarra para exponer los pormenores del informe que ha realizado para GuraSOS. Los dos expertos arriba mencionado han estudiado la autorización ambiental integrada (AAI) de la planta incineradora de Zubieta, de la que se han extraído llamativas conclusiones. Tras desmenuzar su contenido el pasado viernes ante el Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, Rodríguez Farré hace otro tanto para GARA. Arrancamos con un dato: hay doce sustancias con toxicidad acreditada para los que en la AAI no se han establecido valores límites de emisión ni serán objeto de control. De hecho, no han sido incluidas en la autorización, pese a ser obligatorio. Otro tanto ocurre con el dióxido de titanio.

Advierten los expertos que todas estas sustancias podrán ser emitidas por la instalación libremente porque no existe obligación de controlarlas –pero si de recogerlas en la AAI–. La factura, agregan, son «adversos» efectos cancerígenos, mutágenos o de reproducción humana.

¿Qué tipos de autorización ambiental integradas existen? Es decir, ¿hay grados de control?

No, son normativas estándar que llevan muchos años establecidas y no han evolucionado.

¿Entonces, quién controla al que controla?

¡Ah, este es el gran problema! Nadie. Hay una razón normativista, administrativa. Se aplica y ya está, sin tener en cuenta que el conocimiento científico y médico han ido evolucionando con nuevos aportes sin que se haya incorporado ese contenido. Hasta que se acepta el conocimiento acumulado, a través de publicaciones independientes con revisiones muy críticas, tarda muchos años en ser incorporado al criterio de normativas. La ciencia va por delante. Hay presiones industriales, intereses económicos y políticos.

Cuando hablamos de riesgos de salud hay dos partes muy diferenciadas: la parte científica y la gestión de ese riesgo identificado. Y esto último depende de la voluntad política. Aquí entra en juego la percepción del riesgo; parece banal, pero no lo es. Los medios tienen mucho que decir y, normalmente, los de mayor difusión estos asuntos no los tratan por las presiones e intereses.

Las cosas se pueden hacer mejor y no se hacen, es mucho dinero el que mueven estas cosas. Bueno, el dinero de algunos pero que lo pagamos todos… y en todos los sentidos.

¿Por qué hay sustancias que se controlan y otras que no?

Las que no se controlan ocurre porque no hay normativas. Pongo un caso que me gusta recordar: el amianto. Se descubrió su efecto, hace ya décadas, porque genera un cáncer muy raro y cuya incidencia era alta en determinados oficios. Se prohibió en el año 2000. ¡Hemos convivido con él sabiendo que era tóxico durante setenta años! ¿Y por qué no se controlaba? Llanamente, porque no había legislación. Había una industria potentísima que afirmaba que no ocurría nada. Cuesta muchos años que lleguen a controlarse sustancias que se saben nocivas para la salud.

Han identificado doce sustancias tóxicas que serán emitidas y no han sido incluidas en la AAI. ¿Cómo puede ser?

(Ríe). Las instalaciones de este tipo, y otras, han de tener informes de impacto ambiental y sobre la salud, pero ocurre que son muy elementales. Los fiscales de medio ambiente pueden actuar a partir de denuncias sobre todo.

Quienes puede influir sobre esto son las fiscalías, si sospechan o hay denuncias, haciendo informes periciales, pero las industrias también aportan los suyos. Es complejo.

Otras sustancias sí constan en los controles. No obstante, advierten que estas también se acumulan con el paso de los años y tienen sus efectos.

Que consten en los controles no las eximen de los riesgos. Este es el punto a tener en cuenta, y este trabajo también lo demuestra. Se fija mucho la atención en la norma, pero no es más que un criterio de razón administrativa, no científica.

Todos llevamos dioxinas en nuestro cuerpo. La media de ingesta son entre uno y dos picogramos al día por kilo de peso, aunque depende de la dieta.

Hablan de la incidencia que tendrán las emisiones en un radio de 5 km. ¿Han analizado el tiempo en que pueden notarse los efectos?

En una horquilla breve se puede detectar una variación. En cualquier caso, las emisiones hay que seguirlas a lo largo de los años porque se acumulan. Lo que es clave es tener presente los contaminantes orgánicos persistentes. En base al llamado convenio de Estocolmo, y que España lo firmó en el año 2005, estas sustancias han de desaparecer del planeta porque son orgánicas, persistentes y tóxicas. Lo grave es que, una vez las ingerimos, no desaparecen del organismo. Las lactantes, por ejemplo, las transmiten al bebé. Y estas emisiones siguen produciéndose.

Los gobiernos promotores insisten en los controles exhaustivos, y lanzan un mensaje de calma. ¿Existen plantas que no sean nocivas?

Ese mensaje por parte de los gobiernos es el habitual, es la actitud estándar. Pero definitivamente, no hay incineradoras que no causen prejuicios en nuestra salud. He visto muchas desde los años 80, y de cada incineradora nueva dicen lo mismo. Es más, afirman que emplean la última tecnología, la más moderna. Es cierto que contaminan menos que las de antes, pero no son inocentes.

¿Ha conocido algún caso parejo a lo que se ha encontrado en Gipuzkoa?

Sí, de hecho es lo más usual. Los informes medioambientales son muy pobres y no se consideran múltiples factores. Un ejemplo: en Valdemingómez, en Madrid, la Fiscalía de medioambiente pidió informes periciales. El estudio de impacto ambiental ocupaba media página. ¡Media página!

¿Cual es la tendencia en el Estado español?

Que yo sepa actualmente no se están construyendo. Creemos en parte porque se están empleando antiguas cementeras como incineradoras. España era el país que más cemento producía a causa del boom inmobiliario, pero se paró en seco. Con la normativa de la revalorización energética (ríe), queman residuos y reciben una subvención porque afirman que producen energía. Esto ha ocurrido en todo el mundo; el incremento en la última década de las emisiones se debe también a estas actividades.