2018/03/14

Lakua admite que es casi imposible todo un proceso judicial en euskara

El Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua admite que es «prácticamente imposible» que todos los intervinientes en un procedimiento judicial «tengan la capacidad lingüística necesaria» para que se pueda desarrollar totalmente en euskara. Por lo que la probabilidad de que se inicie y culmine sin traducción es «muy pequeña».

Iñaki IRIONDO|GASTEIZ
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El artículo 9 de la Ley de Normalización del Uso del Euskara recoge textualmente que «en sus relaciones con la Administración de Justicia, todo ciudadano podrá utilizar la lengua oficial de su elección, sin que se le pueda exigir traducción alguna»; y añade que «el Gobierno Vasco promoverá de acuerdo con los órganos correspondientes, la normalización del uso del euskara en la Administración de Justicia en el País Vasco».

La Ley de Normalización del Uso del Euskara tiene fecha de 24 de noviembre de 1982. Más de 35 años después, el Gobierno Vasco que debía promover su «normalización», reconoce que todavía «es prácticamente imposible que todos los intervinientes tengan la capacidad lingüística necesaria, tanto escrita como oral, para poder seguir en euskara todas las actuaciones y documentos de un procedimiento». No dice que sea difícil, sino que habla de que es «prácticamente imposible».

En ningún partido judicial

La parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia preguntó a la consejera de Justicia, María Jesús San José, si «en algún juzgado es posible realizar los procedimientos judiciales en euskara desde el inicio hasta su conclusión, y sin necesidad de tener que acudir al servicio de traducción. Si es así, ¿dónde?»

En la respuesta remitida a la Cámara, el Gobierno no se anda con circunloquios. Admite que «dadas las circunstancias, la probabilidad de que un asunto se inicie y culmine en euskara sin necesidad de traducción es muy pequeña». «Esto –explica– no necesariamente guarda relación con la capacidad lingüística de los trabajadores y trabajadoras de un determinado partido judicial, sino con la capacidad de trabajar en euskara de todos los operadores que intervienen en un procedimiento».

Inercia y limitaciones legales

La consejera de Justicia recuerda que el objetivo del proyecto Auzia Euskaraz es precisamente hacer posible la tramitación en euskara de inicio a fin de cualquier asunto juzgado en la CAV, pero reconoce que «desafortunadamente estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo, por la inercia de funcionamiento en castellano y por las limitaciones de la legislación vigente, entre otros motivos».

El Departamento espera que para 2020 los trabajadores de la Administración de Justicia «alcancen las exigencias de los índices sociolingüísticos de cada partido judicial. Pero hay que tener en cuenta, como recuerda la consejera en su respuesta, que en el procedimiento judicial intervienen jueces, fiscales, abogados y procuradores, además de los propios litigantes, «sobre los cuales el Gobierno carece de competencia».

El Ejecutivo sabe que hay jueces, abogados y fiscales euskaldunes, pero responde que «la lengua no se tiene en cuenta a la hora del reparto de los asuntos. Los asuntos se distribuyen por turno entre los juzgados». Detalla que «en el reparto de las tareas entre fiscales rigen las especializaciones, de manera que el reparto se hace por temas, sin criterio lingüístico alguno».

«Crear la infraestructura»

La consejera María Jesús San José apunta que el desarrollo de Auzia Euskaraz se encamina por ahora a crear la infraestructura necesaria para que se puedan hacer los procedimientos en euskara. Y sostiene que «se han dado pasos: en los procedimientos habituales la mayoría de los documentos son bilingües y se han dictado autos y sentencias en euskara; y se hace un seguimiento de los asuntos iniciados en euskera para que los demandantes en euskara reciban las resoluciones en euskara». Además «se suministran instrumentos» para que todas las partes puedan trabajar en euskara.

Pero el Gobierno avisa de que «el objetivo es ambicioso, y está por ver cuándo se puede alcanzar», aunque asegura que «continuamos trabajando paso a paso en los juzgados que reúnen unas condiciones mínimas de capacidad lingüística y actitud positiva, para ir abriendo posibilidades en el resto».

35,5%con perfil >El 35,5% de los 2296 trabajadores de la Administración de Justicia tienen el perfil requerido en cada cuerpo. Son el 45,1% de los auxiliares, el 41,7% de los tramitadores, el 36,7% de los gestores y el 10% de los forenses.

PERFILES 2 Y 3


A los auxiliares y tramitadores se les exige como mínimo el perfil 2, y a los gestores y médicos forenses se les pide un PL3. En total, 1146 de los 2296 trabajadores no tienen ningún perfil y otros 243 no alcanzan el mínimo exigido dentro de su cuerpo.