La directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD), Margarita Uria, recordó ayer que los usuarios de Lanbide deben autorizar el uso de su huella digital. Según explicó ante los parlamentarios presentes en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de la Cámara de Gasteiz, el Servicio Vasco de Empleo debe contar con el consentimiento «previo y explícito» de las personas afectadas por esta polémica medida, impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Cabe recordar que el equipo de Beatriz Artolazabal quiere aplicar esta medida para intensificar el control sobre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, una ayuda social que, tal como indicaron ayer los responsables de Cáritas Euskadi, ha permitido mantener en los tres herrialdes de la CAV «un nivel de bienestar, con tasas de pobreza inferiores a la media estatal y a la media europea».

A su juicio, se trata de un buen sistema que necesita ciertas mejoras, ya que los datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) revelan que cerca de 60.000 personas, el 30% de la población en riesgo de exclusión, no puede acceder a las prestaciones sociales. «Apostamos por un sistema de protección que avance en su alcance, reduzca la población que queda fuera y mejore su impacto en los grupos de población en situación de pobreza más grave», destacaron antes de pedir a los grupos parlamentarios que la nueva ley «no ahonde en las restricciones».

En este sentido, criticaron que en 2011 se cambiará el requisito de padrón, pasando de un periodo mínimo de un año a tres. «Esta modificación ha supuesto la imposibilidad de acceder al sistema a personas y familias en situación de pobreza y con dificultades de acceso a un mercado laboral cada vez más precario», señalaron. Y censuraron la limitación en el número de ayudas por vivienda. «La restricción de dos prestaciones por vivienda es uno de los motivos por los que las personas que hemos atendido en Cáritas no han podido acceder al sistema. [...] Y nos causa una seria preocupación las propuestas de restringir aun más la cobertura de la prestación a una por vivienda».

Por último, mostraron su rechazó a los recortes aplicados a la RGI por el Gobierno autonómico, que en el año 2012 redujo la cuantía de la prestación y en el curso pasado anunció que el incremento de la RGI no estaría sujeto a otros indicadores, somo el SMI. «La RGI no puede estar sujeta a un presupuesto, sino que deben estar vinculada a indicadores de vida digna», manifestaron, e hicieron hincapié en la necesidad de quitar el foco mediático de los casos de fraude puntuales que se puedan dar.