Un president catalán exiliado, detenido por la policía alemana por orden del Estado español. El macabro guionista del Procés catalán –no existe tal, permítase la licencia– conoce bien la historia y ayer ofreció un episodio que nos traslada directamente a 1940, cuando la Gestapo alemana detuvo al president Lluís Companys y lo entregó a la España franquista, donde sería fusilado. Son otros tiempos y la gravedad de la tragedia está unos peldaños por debajo, pero el paralelismo con lo ocurrido ayer en la autopista A7 de Alemania a la altura de la localidad de Schuby, donde fue interceptado el coche en el que viajaba el president Carles Puigdemont, es sencillamente inevitable.

El paradero del dirigente catalán era un misterio. La Policía finlandesa lo había buscado en vano, mientras que en Bruselas nadie confirmaba que estuviese en suelo belga. En realidad estaba cubriendo en coche los más de 2.000 kilómetros que separan Helsinki de Waterloo y, según conocimos ayer, la Policía española y el CNI lo sabían.

Es fácil pensar que podían haberle echado el alto en Dinamarca –o en Suecia–, pero esperaron a que cruzase la frontera germano-danesa. La razón es sencilla: el código penal alemán incorpora el delito de alta traición, más o menos equivalente al de rebelión, tanto en la descripción del delito como en las penas imponibles, lo que a priori amplía la posibilidad de ser extraditado –más información en el despiece contiguo–.

Tras pasar por comisaría, Puigdemont fue llevado a la cárcel de Neumünster, en el septentrional land de Schleswig-Holstein. Hablar de encarcelamiento, sin embargo, quizá sea prematuro. Puigdemont ha pasado la noche bajo custodia policial y, según su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, lo ha hecho en la prisión porque en la comisaría no había un espacio adecuado. Hoy pasará a disposición de un juez que, una vez recibida toda la documentación de la euroorden, decidirá sobre el inicio de los trámites de extradición y sobre el futuro inmediato de Puigdemont. Es decir, decidirá si debe esperar ese trámite en la cárcel o si puede hacerlo en libertad vigilada, que es como estaba en Bélgica hasta que el juez del Supremo Pablo Llarena decidió retirar la primera euroorden.

Ponsatí se entregará en Escocia

A su vez, la policía escocesa anunció ayer que tiene en sus manos ya la orden de detención y entrega contra la exconseller Clara Ponsatí, residente en Edimburgo, a la que pidió entregarse voluntariamente. Su abogado, el rector de la Universidad de Glasgow, Aamer Anwar, confirmó ayer que la exconsellera comparecerá voluntariamente para defenderse de la euroorden alegando que está siendo políticamente perseguida y que «no hay garantías de que sus derechos humanos sean respetados en los tribunales españoles».

Al caso de Ponsatí se refirió también la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, que reiteró su «apoyo a la autodeterminación de Catalunya» y su «fuerte oposición a la decisión de España de detener y encarcelar a políticos independentistas». Pero recordó, asimismo, que el Gobierno escocés no puede meter mano en el proceso de extradición. «Sé que muchos hubieran deseado que el Gobierno escocés fuese capaz de hacer o decir más, lo entiendo», añadió en las redes sociales.

¿Investir a Puigdemont?

La detención del president sacudió con fuerza un domingo que se preveía de tregua después de la intensa semana marcada por el encarcelamiento de cinco diputados. Si el viernes la reacción al auto del juez Llarena ya fue vistosa, ayer miles de catalanes salieron a las calles de pueblos y ciudades. También hubo pequeñas concentraciones ante las puertas de la cárcel en la que está Puigdemont o en la misma Bruselas. En Barcelona, la improvisada manifestación de la ANC colapso varias calles del centro de la ciudad hasta llegar al consulado alemán, donde cambiaron la bandera española de la fachada por una estelada.

Paralelamente, las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) se multiplicaron por todo el país, realizando cortes de carretera en vías cruciales como la AP-7 o pintando de amarillo la subdelegación del Gobierno español en Girona. Sin embargo, destacó sobre todo la movilización en Barcelona, donde se volvieron a concentrar ante la Delegación del Gobierno español, fuertemente custodiado por los Mossos d’Esquadra, ahora bajo órdenes del ministerio español de Interior. Los policías volvieron a cargar con fuerza contra los manifestantes que trataban de acercarse a la Delegación, con un saldo de una treintena de heridos y al menos tres detenidos.

Una de las principales demandas coreadas fue la investidura inmediata de Puigdemont como president en el Parlament, algo que la CUP se ofreció a facilitar entrando en la Mesa. ERC, sin embargo, sigue teniendo sus reservas. Ayer a última hora, el president de la Cámara catalana, Roger Torrent, se limitó a decir que hoy iniciará una ronda de contactos con partidos, sindicatos y entidades para articular una respuesta.

 

Por qué se dice que la detención en suelo germano es una mala noticia

Cuando el president Carles Puigdemont optó por el exilio, sus abogados le hicieron una lista con los países más o menos transitables. En ella no estaba Alemania. Todo lo contrario. Elementos geopolíticos –frente al caos italiano y la perenne crisis griega, la España de Rajoy en el Sur de Europa es un valor seguro para Angela Merkel–, jurídicos –a diferencia del belga, el código penal germano contempla un delito equiparable al de rebelión– e incluso sociológicos –la alergia hacia el nacionalismo explícito– hacían de Alemania un país poco recomendable para Puigdemont. Por qué el president no estaba en Bélgica desde el viernes, cuando ya se sabía que Llarena iba a dictar auto de procesamiento y, probablemente, a retomar las euroórdenes de detención es una cuestión aún sin aclarar.

El artículo 81 del código penal alemán describe el delito de alta traición quede forma parecida al delito de rebelión en el Estado español. En el caso germano se castiga con penas de 10 a 25 años –lo llaman cadena perpetua– el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para «socavar la continuada existencia de la República Federal de Alemania» o para «cambiar el orden constitucional basado en la Ley fundamental de Alemania». El parecido de los tipos penales es razonable, por lo que la clave estará en ver si el juez alemán comparte la polémica interpretación de violencia que el juez del Supremo Pablo Llarena hace de la violencia en su auto de procesamiento.

Sea como sea, la detención de ayer abre un proceso largo que se puede alargar durante tres meses. Si Puigdemont admitiese la entrega al Estado español, se realizaría en 10 días, pero descartado este mecanismo inmediato, se abre un proceso de 60 días en el que la fiscalía general del Estado de Schleswig-Holstein se hará cargo de la defensa de la extradición. Ese periodo es ampliable en otros 30 días sí así lo decide el juez que tramita el caso.

Entre las incógnitas, además de las judiciales, destaca la reacción de la sociedad alemana, así como de su clase política. ¿Despertará el proceso de extradición de Puigdemont un debate público sobre la situación catalana en la principal potencia europea? Es pronto para adivinarlo, pero algunas pistas sugieren que podría ser. Además del esperable posicionamiento contrario a la extradición del partido de izquierda Die Linke, ayer se sumaron a la protesta voces imprevistas como Wolfang Kubicki, jurista y vicepresidente del Parlamento alemán, del partido liberal FDP –que rechazó la extradición por el delito de rebelión– o Jacob Augstein, uno de los copropietarios del influyente semanario “Der Spiegel”, que consideró que «el Gobierno español quiere solucionar un problema político con la policía y la justicia, no tenemos que colaborar».B.Z.

 

Concentraciones de apoyo a Catalunya en localidades de Euskal Herria

Ciudades y pueblos de Euskal Herria acogieron ayer movilizaciones en apoyo a Catalunya y en solidaridad con los presos políticos. Aunque las convocatorias, bajo el lema común «Con Catalunya, democracia, libertad», estaban convocadas desde la víspera, la detención de Puigdemont dio impulso a unas concentraciones impulsadas por Gure Esku Dago, EH Bildu y la mayoría sindical. Las movilizaciones más destacadas se dieron en las capitales, destacando por ejemplo Iruñea, donde se llenó la plaza del Ayuntamiento.GARA