Desde que el viernes comenzara la campaña palestina para reivindicar el derecho de los refugiados a regresar a su tierra ha habido al menos 16 manifestantes muertos y más de 1.500 heridos. Todo un baño de sangre perpetrado por el Ejercito israelí, que justifica señalando que los manifestantes palestinos se acercaron demasiado al muro que separa Gaza de su territorio. Sin embargo, la ubicación a lo largo de la frontera de más de un centenar de francotiradores apunta a que la masacre perpetrada por el Tzáhal es fruto de una decisión política. Las imágenes y vídeos difundidos así lo atestiguan. Por si no fuera suficiente, el Gobierno ha amenazado con nuevas represalias si las protestas continúan. Y despreciando a las pocas voces críticas, también ha certificado que no habrá ninguna investigación.

Una vez más una manifestación palestina multitudinaria y no violenta es reprimida por Israel con un uso desmedido de la fuerza, haciendo caso omiso a la legalidad internacional y con absoluto desprecio hacia la vida de los manifestantes palestinos. En este contexto de violación flagrante de los derechos humanos, la reacción de la comunidad internacional ha sido penosa, por inexistente. El Consejo de Seguridad de la ONU sigue inoperante, incapaz de aprobar una resolución. Algunos países han criticado a Israel pero sin pasar de la palabra a los hechos. Opciones no faltan sin tener que llegar a la decisión de moda de expulsar al personal diplomático, como convocar a los embajadores de Israel o llamar a consultas a los propios.

Las actuaciones diplomáticas no están, una vez más, relacionadas con la naturaleza de la violación de los derechos humanos cometida, sino con el carácter del ofensor. La hipocresía y el doble rasero de la comunidad internacional ha quedado de nuevo en evidencia. Y lo peor de todo es que esta inacción puede ser interpretada en Israel como un respaldo tácito para continuar como hasta ahora.