«Si no calificamos esto de terrorismo, retrocedemos 20 años, a cuando Jarrai y Segi campaban a sus anchas» o «los pasacalles están muy bien, pero siguen el ideario terrorista», han sido algunos de los argumentos empleados por el fiscal de la Audiencia Nacional española José Perals para reafirmarse en mantener la calificación de «terrorismo» en sus conclusiones del juicio a los jóvenes de Altsasu. El propio fiscal reconoció al comienzo de su intervención que esta consideración era «lo más complicado» de esta causa.

El fiscal recurrió a la doctrina del «Todo es ETA» aplicada en macrosumarios como el 18/98 y se ha remitido al concepto de que en el entorno de ETA hay varios frentes, uno de los cuales es el armado. Basándose en el informe de la Guardia Civil, destacó que en 1992 ETA cambió de estrategia con la Alternativa Democrática y encarga a KAS que dinamice varios sectores, entre ellos la reivindicación de la marcha de la Guardia Civil de Euskal Herria a través de la «campaña Alde Hemendik».

Este encargo fue realizado por Ekin, heredera de KAS, a Gestoras y posteriormente al movimiento juvenil.

«Estos jóvenes –en referencia a los acusados– son herederos de una ideología política y de la concepción de que esta se puede defender con violencia», señaló el fiscal, añadiendo que el alcalde de Altsasu, que es miembro de Geroa Bai, también participa de esta estrategia por emplear términos como «conflicto político» o «recuperar la convivencia». «Pero mientras deja que haya pancartas con el lema ‘Alde Hemendik’», censuró.

Usando un tono apocalíptico, el fiscal describió el clima que se vive en Altsasu como comparable a «aquel en el que lo peor de la naturaleza humana llevó a Europa a su peor momento», en referencia al nazismo.

«Hay mujeres que tienen miedo a salir a comprar el pan. Ocurre en Navarra estos días. Es el miedo que quieren aplicar los abertzales con el apoyo de políticos melifluos que se solidarizan con los acusados, pero no con las víctimas», señaló el fiscal Perals, que calificó la declaración institucional del Parlamento navarro en la que se mostraba solidaridad con los acusados de «oprobio».

«Que no vengan aquí a pedir perdón dentro de veinte años», proclamó el fiscal en lo que se suponía que era la lectura de un informe de conclusiones. «Todo es parte de una estrategia. Aunque el frente armado dejó de matar en 2011, el resto de dinámicas siguen activas», añadió.

Para el fiscal, no hay duda de las identificaciones realizadas por las víctimas contra los acusados, a quienes achacó haber manipulado sus teléfonos para borrar los rastros de la confabulación para proceder a la emboscada de los agentes y sus novias.

Bel Pozueta, portavoz de los familiares, señaló en el exterior de la Audiencia que «el verdadero miedo es el que sentimos nosotros por el futuro de nuestros hijos, es el miedo que llevamos pasando año y medio porque estamos en un tribunal excepcional en el que no deberíamos haber estado».