Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer la reforma fiscal acordada entre PNV, PSE y PP y que fue ratificada a principios de año en Araba y Bizkaia. Modifica varios impuestos entre los que destaca la rebaja que traerá en el Impuesto sobre Sociedades a largo plazo. También superó las enmiendas a la totalidad la norma del antiguo Impuesto sobre Patrimonio resucitado para sustituir al actual Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas aprobado por Bildu y el PSE la pasada legislatura. Es el último paso que queda para desmontar la reforma fiscal que lideró el Gobierno de Garitano.

Todos los cambios tiene el mismo objetivo –tantas veces demandado por la patronal– que no es otro que rebajar los impuestos a las personas más ricas. Luego vendrá la impostura al comprobar que ese 1% más próspero continúa acumulando cada vez más riqueza a costa del 99% restante, y ello a pesar de la crisis. Los impulsores de la reforma, acostumbrados a acordar las rebajas de impuestos en contubernios alejados del debate público, encajan muy mal las críticas. No solo carecen de argumentos –cuando los que utilizan no son directamente falsos– sino que llevan el debate al terreno de la bronca. Por mucho que lo repitan, las rebajas de impuestos no traen más inversión, simplemente sirven para repartir mayores dividendos a los accionistas –hacer más ricos a los ricos–. Además, ocultan que la otra cara de las rebajas fiscales es que se carga un mayor peso fiscal sobre las exiguas rentas de los trabajadores. Y con menos recursos públicos se recortan las exiguas ayudas sociales, estas sí que benefician a los más pobres.

Los partidos y los gobiernos se definen por sus actos, no por lo que dicen de sí mismos. PNV, PSE y PP han demostrando con sus decisiones su carácter neoliberal. También han dejado muestra de sus mezquinos cálculos. La rebaja fiscal la hacen ahora, al final de la legislatura, pero los efectos en la recaudación se los endosan al siguiente gobierno foral. Será que no ven clara su continuidad.