Primera reunión del llamado «pacto antiterrorista» en la sede del Ministerio del Interior en Madrid tras la disolución de ETA. Como conclusión del encuentro, el respaldo de los partidos asistentes al Gobierno en su apoyo a las víctimas, así como en su decisión de no modificar la actual política penitenciaria. Una vez más, el Gobierno español olvida sus declaraciones y ofertas. Una actitud que ya no sorprende a la sociedad vasca, aunque sí indigna.

Desde hace tiempo la sociedad vasca entiende la cuestión del alejamiento dentro del respeto a los derechos humanos de los presos y sus familiares. Sin embargo ha sido el Partido Popular el que más se ha ufanado en unir la disolución de ETA con el fin de la dispersión a los presos vascos. Las declaraciones en ese sentido de su presidente en Gipuzkoa, Borja Semper, han sido constantes. Con ello no ha hecho más que subrayar el carácter instrumental de la dispersión como método de presión y la consideración de rehenes que otorga a los presos el Gobierno de un Estado que se dice democrático. A pesar de todo, llegado el momento y cumplida la condición que se había autoimpuesto, el partido en el poder olvida lo prometido para seguir parapetado en su eterno inmovilismo. Hasta en el ámbito internacional ese inmovilismo es cada vez más patente, tanto que el representante del centro Henri Dunant que leyó el comunicado de ETA se refirió a ello cuando mencionó que esa era precisamente la última demanda pendiente de los gobiernos español y francés.

Pérez Rubalcaba popularizó el adagio de «o votos o bombas» dirigido a la izquierda abertzale. El proceso catalán ha dejado claro que también es falso. No porque no sea un camino democrático, sino porque los dirigentes españoles no tienen palabra. Y eso que era sobradamente conocido en Euskal Herria está quedando cada vez más claro en Catalunya y también en Europa. Parece que el único que no lo tiene claro es el PNV que sigue negociando sus cosas.