«Dimos a los Presupuestos tres semanas más para su debate, un tiempo precioso en el que se ha conformado un nuevo Govern en Catalunya y se ha posibilitado la retirada del artículo 155, inminente a la hora de escribir estas líneas». Para cuando el senador del PNV Jokin Bildarratz publicó estas líneas, ayer en “El Diario Vasco”, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya había acordado junto al PSOE y a Ciudadanos el mantenimiento del artículo 155 contra Catalunya, en respuesta al president Quim Torra, que el viernes restituyó en sus cargos a dos consellers encarcelados y a dos exiliados.

Las palabras de Bildarratz muestran, involuntariamente, cómo trastoca la decisión de los tres partidos estatales la hoja de ruta inmediata que tenía diseñada el PNV, que esperaba que el nombramiento de un Govern en Catalunya implicase el levantamiento del 155, dejando así la pista despejada para votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas entran hoy en el Congreso para su trámite definitivo antes de pasar al Senado, aunque la votación final se prevé el miércoles.

Cabe recordar, al respecto, que diferentes portavoces jeltzales han reiterado en los últimos meses que no aprobarían las cuentas con la suspensión de la Generalitat en vigor. El último de ellos fue el portavoz en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Egibar, que el pasado sábado, en los micrófonos de Radio Euskadi, no dio por hecho el voto a favor de los diputados de su partido. La decisión, según se divulgó ayer, recaerá sobre el Euzkadi Buru Batzar, que se reúne hoy.

Tres días de infarto

La semana que arranca hoy será de alto voltaje. De momento, y según las agencias de información españolas, Rajoy habría comunicado a los líderes del PSOE y de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, que mantendrá el 155 cautelarmente, mientras estudia la «viabilidad» de los nombramientos realizados el sábado por el president Torra en el Govern. Una fórmula ambigua que deja entrever que podría haber cierto margen de actuación. Hay despachos en Bilbo, Madrid y Barcelona que echarán humo en los próximos tres días.

Pero de momento, el único hecho constatable es el mensaje del subsecretario español de la Presidencia, José María Jover, remitió ayer al secretario catalán del Govern, Victor Culell, en el que le informa que Moncloa veta la publicación del decreto de nombramiento del nuevo Govern en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Sí que publicarán el decreto en el que se detalla la arquitectura del nuevo ejecutivo catalán, pero no el que especifica quién ocupará cada cartera.

Cabe recordar, en este punto, el perverso mecanismo que el Gobierno español diseñó con el decreto de aplicación del 155, firmado el pasado 27 de octubre. En ese texto se explicita que la intervención se mantendrá vigente hasta que el nuevo Govern surgido de las urnas el 21 de diciembre tome posesión de su cargo. Pero claro, para que los consellers puedan asumir sus nuevas responsabilidades, el decreto de nombramiento debe ser antes publicado en el DOGC. Y resulta que el boletín catalán, mientras el 155 esté en vigor, depende directamente del presidente del Gobierno español. Es decir, con el decreto en la mano, el nombramiento del Govern debe pasar el filtro de Rajoy. Claro que el precio a pagar pueden ser los Presupuestos Generales del Estado.

La competición española

La decisión de mantener el 155 llega marcada por la creciente pugna entre tres grandes partidos españoles a la hora de elevar el tono de la respuesta a Catalunya. Mientras, la cuarta formación estatal, Podemos, se halla enfrascada en nuevas batallas internas a cuenta de la consulta anunciada el sábado por Pablo Iglesias e Irene Montero para que la militancia avale la compra de un chalet. Como el lector ya sabrá a estas alturas, no se trata de una broma.

Desde el Gobierno español, Rajoy mantuvo ayer el silencio, aunque sí que trascendió el contenido de la carta de Moncloa a la Generalitat, en la que se explica que «se va a proceder a analizar la viabilidad de publicación del segundo [decreto de nombramiento] por incluir a los dirigentes encarcelados o desplazados al extranjero». El sábado, en un comunicado, Moncloa ya calificó de «provocación» el nombramiento de Rull y Turull.

Desde el PSOE, la encargada de hablar ayer fue Carmen Calvo, que tildó de «irresponsable e inmaduro» a Torra. En una entrevista publicada en “La Razón”, sin embargo, su líder, Pedro Sánchez, fue más lejos, abriendo la puerta a intervenir los medios públicos catalanes. «Claramente están trabajando en la subversión del orden constitucional», consideró, siguiendo las consignas de Ciudadanos.

No es de extrañar que en el partido naranja estén exultantes viendo a PP y PSOE bailar al son que ellos marcan. Ayer Albert Rivera –que insiste no solo en mantener el 155, sino en ampliarlo–, presentó la plataforma con la que arranca ya la campaña para las municipales y autonómicas de la primavera de 2019. En un acto celebrado en Madrid, con actuación incluida de Marta Sánchez y su himno español, Rivera reivindicó que «ningún español volverá a pedir perdón por usar su bandera o su idioma». Como suena.

 

¿Puede el Gobierno español no publicar un decreto en el DOGC?

No hay ni una sola línea en ninguna ley catalana ni española que diga que una persona en prisión preventiva o en el extranjero no pueda ejercer como conseller. Cabe tenerlo claro a la hora de valorar la decisión de Mariano Rajoy de no publicar el nombramiento del Govern de Quim Torra en el DOGC, algo que diversos juristas criticaron ayer con fuerza, recordando que la publicación en el boletín es un acto debido y no discrecional. Es decir, un trámite que no pueden obstaculizar.

Así lo consideró, por ejemplo, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias, que denunció que sería «una cosa muy similar a un golpe de Estado». «Una vez publicado se puede recurrir, eso sí», añadió. A las críticas se unió el penalista Joan Queralt, que calificó la decisión de «intolerable e incompatible con el estado de Derecho». Del mismo modo, varias asociaciones de juristas de Catalunya advirtieron al Gobierno español de que el veto al nombramiento podría llegar a tener consecuencias penales.

En la arena política, la reacción entre las fuerzas catalanas fue también unánime, empezando por el partido de Torra, Junts per Catalunya, que consideró que la decisión se debe a la pugna «para ver quién es más ultra», y llegando hasta Catalunya en Comú, donde consideraron el mantenimiento del 155 «absolutamente injustificable».

Por último, los propios afectados, Jordi Turull y Josep Rull, criticaron la medida a través de las redes sociales gestionadas por su entorno. «Tenemos nuestros derechos políticos intactos. No publicar el nombramiento porque no es de su gusto es un ejercicio de prevaricación», apuntó el conseller de Presidència.B.Z.