La última decisión adoptada por el Tribunal General de la Unión Europea relativa a la desestimación del recurso presentado por Netflix contra la ley alemana que le obliga a pagar un impuesto para financiar la producción, distribución y exhibición de películas alemanas, puede sentar un precedente que sin duda no será del agrado de las grandes plataformas.

Según el régimen alemán –muy similar al del resto de países de la Unión Europea–, la financiación de la producción, distribución y exhibición de películas se financia mediante un impuesto especial que grava a las empresas de la industria del cine, del vídeo y al sector audiovisual. El nivel de esta tasa depende del nivel de ingresos que estas empresas generan de su actividad de explotación de películas. Las autoridades alemanas aprobaron una modificación de esta normativa que extendió esta obligación a aquellos proveedores que prestan servicios de vídeo a la carta que no están establecidos en Alemania pero que tienen ingresos procedentes de ciudadanos del país a través de su presencia en internet. Esta enmienda obligó a Netflix a pagar el impuesto que Berlín destina a financiar el cine del país, puesto que su base legal está localizada en Países Bajos. En concreto, exige a la firma el pago una tasa en función de la recaudación generada por sus clientes en Alemania por aquellos contenidos –películas, series o documentales– con una duración superior a los 58 minutos emitidos a través de internet y en alemán.

La Comisión Europea avaló esta modificación del régimen alemán para financiar su sistema audiovisual al concluir tras una investigación que es compatible con la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual. Por su parte, Netflix presentó un recurso ante la justicia europea en el que reclamaba al tribunal que anulase esta decisión del Ejecutivo comunitario.