El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió ayer que no habrá un enésimo «plan Marshall» para los suburbios más desfavorecidos, marcados por la pobreza, el desempleo y la violencia, pero sí medidas concretas de aplicación rápida y un cambio de método, centrado en las empresas, vecinos y autoridades locales, y no en el Estado, para restablecer la «igualdad de oportunidades».

Los suburbios franceses (banlieues), que se sienten olvidados por el Gobierno, esperaban con impaciencia que Macron revelara sus planes para los más de 1.300 barrios prioritarios metropolitanos, los más desfavorecidos, donde residen más de cinco millones de personas y donde el paro es más del doble de la media y el 42% vive bajo el umbral de la pobreza.

En estos suburbios se concentran dificultades económicas, sociales y educativas que anuncian el riesgo de un «nuevo apartheid» y un «repliegue comunitario», advirtió el exministro Jean-Louis Borloo en un informe entregado a finales de abril y en el cual se inspiró en parte el jefe de Estado.

«No anunciaré un plan suburbial», señaló ante centenares de cargos electos, líderes locales y residentes en las banlieues. «Hay que lograr que en todos los lugares nuestros conciudadanos reencuentren la dignidad –añadió Macron–. Y necesitamos una política de emanci- pación y que ya no exista este arresto domiciliario social o territorial que hace que, cuando has nacido en un lugar ya no puedas salir adelante».

Según señaló, esta filosofía «nos lleva a cambiar de método. No os presento un plan: no tendría sentido que dos hombres blancos que no viven en estos barrios se intercambien un informe y se digan: ‘Tenemos un plan’», en referencia al de Borloo, que prevé inversiones cercanas a los 15.000 millones de euros y la creación de una funda- ción para la renovación urbana y de una academia para formar a las élites de los suburbios.

Entre las medidas planteadas por Macron, que reconoció la realidad de la discriminación según el barrio de origen, figura la creación de 30.000 plazas de guardería y de 30.000 puestos de prácticas en empresas públicas y privadas para alumnos de entre 14 y 15 años, de forma que puedan romper el candado que supone el acceso a la vida laboral. También pretende instaurar controles en las 120 empresas más grandes para asegurarse de que no discriminan.

Propone, además, trasladar a las autoridades locales la información sobre sospechosos de «terrorismo» y construir una «sociedad de la vigilancia» en la que los propios vecinos alerten sobre la radicalización de sus vecinos y no los encubran.