Catalunya ya no es una anomalía, al menos en el hecho de tener un president sin ejecutivo. Por algo se empieza. Los trece conselleres que forman el Govern de Quim Torra tomaron posesión de su cargo finalmente ayer, en un acto solemne celebrado en el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El escenario escogido no es casual, la sala más simbólica de la casa que representa la soberanía catalana fue escogida para acoger el acto que, precisamente, sirve para devolver a sus legítimos dueños las maltrechas instituciones. En efecto, la toma de posesión deja sin efectos la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra Catalunya.

El fin de la intervención formal de la Generalitat coincidió con la toma de posesión de Pedro Sánchez en España, lo que llevó a más de uno a apresurarse a augurar un nuevo tiempo, tanto en Madrid como en Barcelona. Conviene no apresurarse y recordar que, de momento, el nuevo presidente del Gobierno español no ha aclarado ni siquiera si mantendrá las finanzas públicas catalanas intervenidas, tal y como tenía intención de hacer el ministro Montoro.

Junto a ello está el parte de daños del 155, que se ha ido elaborando estos meses pero que no se podrá completar hasta que los despachos de la Generalitat regresen a manos de sus dueños. Han sido ocho los meses que ha durado la intervención y los daños no han sido menores. Van desde la supresión de programas y organismos vinculados con el proceso soberanista –como delegaciones en el exterior y Diplocat–, hasta la paralización de becas y ayudas de numerosos departamentos. La administración catalana, más allá de su relación con el Procés, ha estado congelada.

En el discurso que siguió a la toma de posesión de sus consellers, Torra emplazó a dialogar al nuevo presidente español, al tiempo que reivindicó su «mandato republicano», «avanzando de acuerdo con el referéndum» del 1-O. «Presidente Pedro Sánchez, hablemos, tomemos riesgos ustedes y nosotros, sentémonos a la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno», expresó.

Fue un acto cargado de simbolismo y gestos a los representantes políticos en prisión y en el exilio cuyos familiares fueron protagonista. Tras la toma de posesión, el Govern colocó una pancarta por la libertad de los presos en la fachada del Palau de la Generalitat.

Los equilibrios de un ejecutivo

El ejecutivo final de Torra es fruto de tres equilibrios. En primer lugar, el que existe entre la voluntad de mantener la tensión con Madrid y la necesidad de acabar con el 155. Algo que acabó obligando a renunciar a los consellers presos y exiliados. A modo de compensación, Torra presentó el viernes una querella por prevaricación contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría por impedir, a través del 155, el nombramiento de personas con sus derechos políticos plenamente vigentes.

En segundo lugar, es fruto de los equilibrios entre JxCat y ERC. Los de Esquerra se llevan la vicepresidencia (Pere Aragonés, nuevo hombre fuerte del partido) y otras seis consellerias, entre ellas las de mayor peso económico y social –Economía, Educación y Salud–. Combina caras nuevas como las de Ester Capella (Justicia), Teresa Jordà (Agricultura) y Chakir el Homrani (Asuntos Sociales) con veteranos con amplia experiencia de Govern en el Tripartit como Ernest Maragall (Acción Exterior) y Josep Bargalló (Educación).

El tercer equilibrio es el de Junts per Catalunya, donde se dan cita los independientes leales a Puigdemont (Elsa Artadi en Presidència y Laura Borràs en Cultura, por ejemplo), los miembros del PDeCAT contrarios a la dirección del partido (Miquel Buch en Interior) y afines a la coordinadora general, Marta Pascal (Àngels Chacón, en Empresa, es una de ellas).