Con mayor celeridad de la anunciado en un primer momento, ayer culminó el traslado de los nueve presos políticos catalanes a las cárceles de Lledoners, en la provincia de Barcelona, y Puig de les Basses, en Girona. En la primera durmieron ayer mismo Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, y Raül Romeva –Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn llegarán en los próximos días–, mientras que en la segunda lo hicieron Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Que siguen encarcelados es una obviedad, pero que el acercamiento mejora su situación parece también fuera del terreno de lo discutible. Lo demuestran las visitas institucionales que tuvieron los presos nada más llegar: el president, Quim Torra, se vio con los encarcelados en Lledoners, mientras que el president del Parlament, Roger Torrent, hizo lo propio en Puig de les Basses. A las puertas de ambas prisiones llegaron sendas marchas convocadas por la ANC y Òmnium Cultural para reclamar la libertad de los presos, que antes de ingresar en los centros penitenciarios definitivos pasaron por el penal de Brians II, donde se hizo efectivo el traspaso de la custodia de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra.

Antes de eso, Torra y Torrent, los dos principales cargos institucionales de la Generalitat y representantes de los dos grandes partidos soberanistas, JxCat y ERC, comparecieron conjuntamente para fijar el discurso político que acompaña al acercamiento de los presos. El resumen lo hizo Torra en sus primeras palabras: «Hoy los tenemos más cerca, pero no están donde deben estar».

«Hoy asistimos a un acto muy simple: la aplicación de la ley penitenciaria. Hoy sencillamente se acaba un trato discriminatorio que nunca debería haber existido, pero no se acaba nuestro compromiso vital: que salgan de una vez por todas de la cárcel y se archive la causa penal», añadió Torra en una comparecencia a las puertas de la Cámara catalana, donde se celebraba un pleno.

Torrent, por su parte, refrendó las palabras de Torra, recordando que «hoy (por ayer) es el día del acercamiento, pero no del regreso a casa». «De justicia y de libertad no se puede tener solo un poco, o son plenas o no se tienen», añadió el president del Parlament, que denunció que el «único delito» cometido por los encarcelados «es haber dado voz y voto al pueblo de Catalunya». «Carme, Dolors, Jordis, Oriol, Quim, Josep, Raül, os tenemos presentes, os reivindicamos y no descansaremos hasta que seáis libres», concluyó.

Reunión a punto

Las instituciones catalanas marcaron así perfil ante la inminente reunión entre Torra y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que mantendrán su primera entrevista el próximo lunes en Moncloa. Un encuentro del que, honestamente, nadie espera ninguna concreción, pero que cabe pensar que se dará en un ambiente algo más distendido del que existía hace apenas un mes entre Barcelona y Madrid. Más teniendo en cuenta que fueron los votos de los partidos catalanes, junto a los vascos, los que hicieron posible sacar a Rajoy del Ejecutivo y entregárselo a Sánchez.

Dicho esto, resulta evidente que con tan solo 84 diputados y después de haber cerrado filas con PP y Ciudadanos en la aplicación del 155, el PSOE no está en posición de abrir el melón de una reforma constitucional o de una consulta de algún tipo. De la misma forma, tampoco Torra está en disposición de rebajar las demandas catalanas a cambio de que Madrid cumpla algunos de los 45 incumplimientos –en materia de inversiones y traspasos de competencias, entre otros– que tanto Artur Mas como Carles Puigdemont pusieron en su día encima de la mesa. Tampoco a cambio de las promesas de nuevas inversiones realizada la semana pasada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Vista la imposibilidad de acuerdos concretos, todo indica que no será mucho más que un encuentro cordial en el que ambos expresarán una voluntad de cambio que, en realidad, ninguno puede realizar.

Fianza abonada

Por otra parte, la ANC y Òmnium Cultural hicieron ayer efectivo el pago de la fianza de 2,1 millones de euros que Llarena impuso a los miembros del anterior Govern por los supuestos gastos del 1-O que nadie logra acreditar. Las entidades lograron recaudar entre sus bases un total de 1,76 millones en tan solo cinco días.