2018/07/09

Marejada política y social por la gestión de la Fundación Miranda

Marejada política y social en Barakaldo por la gestión de la Fundación Miranda. Lo que comenzó como una queja de los familiares por la subida de las tarifas y la calidad del servicio que se presta a los residentes, seguido por un conflicto laboral con las trabajadoras, ha derivado en un cuestionamiento dentro y fuera del patronato de la entidad privada acerca de si el plan de viabilidad cumple con el mandato de asistencia a las personas mayores desfavorecidas.

Agustín GOIKOETXEA|BARAKALDO
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Algo grave está ocurriendo en la Fundación Miranda (FM) de Barakaldo. Nadie lo puede negar ateniéndose a la sucesión de hechos y reacciones relacionadas con la gestión de la entidad que se creó hace 108 años con un legado de 2,5 millones de pesetas aportado por el empresario Antonio Miranda y Arana para atender a las personas mayores desfavorecidas de la localidad.

Las trabajadoras y los familiares denuncian la desatención de los residentes, jornadas laborales de más de nueve horas y más de 30 horarios distintos, además de que no se cubren las bajas, lo que provoca sobrecarga de trabajo. «Una sola enfermera se encarga de la atención nocturna de más de 220 residentes, 198 de ellos con alta discapacidad», advierten.

Los testimonios de las trabajadoras dejan entrever una situación «insostenible» que se palía con su esfuerzo personal. «Desde hace meses no hay trabajador social titulado, un solo médico para 230 residentes y un solo fisioterapeuta», alertan.

Al frente del movimiento que demanda cambios está la plataforma de familiares de residentes Miranda Babestu, surgida hace 18 meses como respuesta al incremento entre el 35 y 50% de las tarifas –unos 700 euros al mes por persona–, que calificaron de «abusivo»; este ejercicio es del 3%. La residencia privada dispone de 232 plazas, de las que 150 son pagadas por la Diputación al no disponer sus beneficiarios de recursos económicos.

Los rectores de la FM destacan que no dependen ni de la Iglesia católica ni del Ayuntamiento, aunque es manifiesta la aportación de dinero público. Al margen de las plazas concertadas por el Departamento foral de Acción Social, el Ayuntamiento de Barakaldo aportó el pasado ejercicio 656.000 euros: 186.894,84 por el alquiler anual del edificio que ocupa el conservatorio municipal y 468.929,99 por ayudas a ancianos.

La subida del 2017, desvelan los críticos con la gestión de la fundación, iba dirigida a las personas a quienes el Consistorio les subvenciona su estancia por carecer de recursos, buscando que las arcas municipales pagasen una «sobretasa». Los responsables de la FM fallaron en su cálculo, ante la negativa del Consistorio, endosando la deuda a personas que no la pueden pagar de ninguna forma.

El patronato ha informado de que, en 2018, el coste medio mensual por residente será de 2.902,01 euros, sin aportar más detalle de cómo lo calculan. En base a ese dato, resulta llamativo que haya 150 plazas concertadas con la Diputación para personas dependientes grado II y III a un coste cercano a los 2.550 euros al mes. Así, se puede desprender que la entidad pierde en torno a 450 euros al mes con esas plazas, lo que generaría un «agujero» anual de 810.000 euros. A pesar de ello, este centro es uno de los tres más caros de Bizkaia, según advierten desde la plataforma de familiares.

La carta de cinco patronos

De conflicto laboral y social, ha ido derivando al ámbito político. Uno de los hitos ha sido el comunicado hecho público el martes pasado por cinco de los quince patronos de la fundación. Se trata de la alcaldesa de Barakaldo y vicepresidenta de la entidad, la jeltzale Amaia del Campo, y los vocales Tontxu Campos, Itziar Epalza, Sabino Arana y Tomás Larrazabal, que mostraron en ese escrito su discrepancia con la gestión económica y aseguraron que no comparten la política de tarifas ni de recursos humanos.

Por ello, precisamente, trasladaron consulta al Protectorado de Fundaciones del Ejecutivo de Lakua sobre las cuentas anuales y el plan de viabilidad aprobados en enero por la mayoría del patronato. Lo hicieron tras la reunión que mantuvo Del Campo con representantes de Miranda Babestu.

El Protectorado considera que el plan de viabilidad no acredita que se esté cumpliendo el mandato fundacional, demandado más información. «Esto avala nuestras tesis y nos obliga a exigir a la fundación que elabore un nuevo plan de viabilidad, que cumpla con los deseos de su fundador», insistió la alcaldesa.

El informe de auditoría de las últimas cuentas advierte de que las pérdidas y datos económicos negativos de la residencia pueden provocar su cierre, extremo que niega la dirección sustentándose en su plan para reducir los costes de personal. Para ello, en noviembre, el patronato acordó la contratación de un bufete de abogados que dirige la operación y que negocia con las trabajadoras.

La plataforma Miranda Babestu pregunta si esa labor supone el gasto de 100.000 euros que se incluye bajo el concepto «servicios de profesionales independientes». Hay un dato significativo, aunque la plantilla ha pasado de 144 a 167 personas de media en un año, el gasto por trabajador ha descendido de 36.100 euros en 2016 a 32.800 en 2017; 3.300 euros menos.

Con el apoyo único del PP

Lo cierto es que los problemas no son nuevos ya que EH Bildu lleva años denunciando «desmanes» que se iban sucediendo, atribuyendo la responsabilidad al gerente Rafael Carriegas, que en el pasado fue portavoz municipal del PP. Igual ese es el motivo por el que este partido fue el único que se opuso en el pleno del 29 de junio a la creación en el Ayuntamiento de Barakaldo de una comisión de trabajo, tal como propuso el PSE, para buscar una salida a la situación «insostenible» que vive la residencia. No hay confianza alguna en este instrumento viendo los antecedentes.

Un día antes, la mayoría de patronos que lidera Carriegas frenó la modificación de estatutos. El PNV sugiere que el gerente convoca las reuniones de dirección de forma intencionada los últimos jueves de mes por la tarde porque es cuando se celebran los plenos municipales, lo que impide a la alcaldesa asistir. En la última ocasión, Amaia del Campo atrasó un día la sesión plenaria para acudir a la reunión del patronato.

La única postura discordante en el Consistorio es la del PP. Su portavoz, Amaya Fernández, defiende la gestión de la FM y afirma que «hay mucha demagogia, electoralismo e irresponsabilidad» tras las críticas que llegan desde la mayoría de los grupos políticos, trabajadoras y familiares de los residentes.

En ese contexto convulso, la fundación insertó el domingo 1 de julio páginas de publicidad en sendos periódicos de Bizkaia denunciando una «campaña de difamación, sustentada en falsedades e insidias» contra ella. Los críticos afirman que se aportan «datos falseados».

Los familiares de los residentes no pasan por alto esta iniciativa de los rectores de la FM, apuntando al coste de las inserciones, que cifran «en torno a los 17.000 euros de un dinero ya escaso». No es la primera ocasión en que cuestionan el dinero que se invierte en marketing o el personal de administración en nónima de la institución sin ánimo de lucro.

Capítulo aparte es el sobrecoste de 129.782,35 euros en las obras de la segunda planta de la residencia y los retrasos que obligaron al cierre de habitaciones, que no derivó en penalización a la empresa constructora. Otro punto no aclarado es el incremento del patrimonio que supondrá la operación urbanística UE AY06 Arbaizenea en Donostia, donde la FM es propietaria de unos terrenos donde se edifican viviendas de lujo.

A quienes denuncian la deriva de la fundación les llama la atención la contraposición entre «la cuidadosa planificación de espectáculos, representaciones y eventos al descuido en la atención sanitaria». «Un desfibrilador lleva un año colgado en la pared y los trabajadores no han recibido formación para utilizarlo; el personal de enfermería ha de comprarse su propio material y en ocasiones, se han visto obligados a transportar el material propio de su trabajo en cajas de cartón; los propios trabajadores nos informan de material obsoleto y de ocasionales carencias de pañales», relatan.

«Confundir a la ciudadanía»

Miranda Babestu defiende que los datos que aporta el patronato de la fundación tratan de «confundir a la ciudadanía». Explica, por ejemplo, que se informa de que hay 167 trabajadoras atendiendo a los mayores en la residencia, aunque no se especifica cuántos lo hacen a jornada completa. Se aporta el dato de que 19 de los empleados son de contrato por servicios.

Consideran «llamativo» que de ellos, solo una enfermera y cuatro gerocultores se ocupen de la atención de personas con alto nivel de dependencia por la noche, lo que supone, subrayan, que «en el 42% del tiempo total de una jornada la atención es críticamente insuficiente».

Alertan de la «prevalencia de úlceras de presión, de escaras, que en una somera, y posiblemente incompleta, evaluación arroja un preocupante 14,65%». La plataforma de familiares destaca que el 95% de las úlceras de presión se pueden prevenir con una correcta atención, «lo que resulta del todo imposible con una práctica economicista».

Miranda Babestu asegura que con los ratios actuales las trabajadoras no pueden llevar a cabo su labor sin acabar extenuadas. «Quienes precisan dos cambios de pañal reciben solo uno con el aumento consiguiente de humedad, las llamadas tardan en ser atendidas», relatan conmovidos por la situación.

 

Declaraciones

«No compartimos el modelo de gestión, la política de tarifas y recursos humanos ni la falta de democracia interna»

AMAIA DEL CAMPO

Vicepresidenta de la FM

 

«La fundación mantiene un inquebrantable compromiso solidario e invierte en las personas residentes más de lo que cobra por el servicio»

FUNDACIÓN MIRANDA

 

«Pedimos luz y taquígrafos. Solicitamos una auditoría externa y un plan de viabilidad»

MIRANDA BABESTU

 

Impacto negativo del cierre del colegio La Milagrosa

Una auditoría de la Fundación Miranda constata el impacto que ha tenido el cierre del colegio La Milagrosa, con un alquiler anual de 205.000 euros, en las cuentas, al reducirse los ingresos. El histórico centro religioso concertado se vio obligado a cerrar el 31 de agosto de 2017 a raíz de la decisión de incrementar un 150% el precio del arrendamiento, con el despido de 42 personas.

Antes de que se hiciese efectiva la clausura forzada, el gerente de la FM anunció el 4 de julio que ese inmueble iba a ser ocupado por un proyecto «innovador», en el que implicó a la Diputación y Gorabide, especializado en atención a personas mayores muy vulnerables. De aquel anuncio, advierten desde la plataforma Miranda Babestu, no se supo más.

La desaparición del colegio La Milagrosa, provocado por las decisiones de la dirección de la fundación, ha supuesto en la práctica dejar de ingresar 136.640 euros anuales. Una auditoría de la propia entidad calcula una merma del patrimonio, en concepto de alquiler del edificio ahora en desuso, en 204.960 euros anuales.

Miranda Babestu desvela que, en una reunión, el gerente, Rafael Carriegas, les dijo que la nueva obra proyectada en el inmueble que ocupó La Milagrosa rondaría los 2,7 millones de euros. Tienen sospechas de que parte de los fondos de la fundación se pensaban dedicar a otros fines. A.G.

211.293 euros >

Son las pérdidas que, según las cuentas de la Fundación Miranda, tuvo en 2017, frente a un beneficio del ejercicio anterior de 1.076 euros. Un informe de auditoría que se ha conocido cifra los números rojos en 162.907 euros.400.000euros >Los presupuestos del ejercicio contemplan pérdidas de 400.000 euros, a pesar del alto grado de ocupación de una de las tres residencias más caras de Bizkaia, donde 217 de las 232 plazas estuvieron ocupadas el año pasado.3.300euros >Es la reducción que ha sufrido el gasto por trabajador en un año. La dirección de la Fundación Miranda pretende que las trabajadoras fijas con más antigüedad renuncien a las condiciones que tienen, algo mejores que las nuevas contrataciones.

3,7 euros >

Por día, es el gasto por residente en alimentación, cifra que, según los familiares, no se ha desmentido. Creen que es mayor pero hasta hace poco el Banco de Alimentos les abastecía.