La publicación, el pasado domingo, por medios de comunicación franceses de los resultados de la medición realizada en marzo de 2018 en la planta que tiene en Mourenx (Biarno) la multinacional farmacéutica Sanofi provocó una reacción en cadena de organizaciones ecologistas y de defensa de la salud pública. A raíz de esas denuncias, la compañía anunció, en la noche del lunes, el cierre temporal de la factoría, situada en la cuenca industrial de Lacq, distante en apenas 30 kilómetros del enclave más oriental de Zuberoa, Eskiula.

Por su parte, el Ministerio francés de Transición Ecológica difundió ayer un comunicado por el que tomó nota de la decisión de Sanofi, que desmintió, en todo caso, que las «exorbitantes emisiones» de bromopropano registradas en su empresa generaran problemas de salud a sus trabajadores (40) o a personas que trabajan en la zona industrial de Laq, unas 300.

La nota del ministerio dirigido por Nicolas Hulot recordaba que en abril se concedió un plazo de tres meses a Sanofi para que resolviera los problemas derivados de «unos niveles de emisión inaceptables». No obstante, el ministerio secundaba en parte a la compañía, al recordar que «análisis preliminares no permitieron establecer que las emisiones de bromopropano provocaran a corto plazo perjuicios a la población de la zona».

Este es uno de los problemas que señalan las organizaciones ecologistas, ya que no hay informes que permitan establecer de forma fehaciente la zona de afección de dicha polución.

«Sanofi nos ha presentado unos gráficos según los cuales la contaminación no desbordaría los 200 metros alrededor de la fábrica, pero es evidente que hay gentes que van y vienen a la factoría, lo que genera dudas, máxime cuando hay sospechas de que esta situación ha durado al menos ocho años», explicó al semanario vasco Mediabask la representante de la asociación de defensa del medioambiente Sepanso64, Sylvie Merle-Vignau. De hecho, tras las revelaciones periodísticas, a cargo de la cadena pública France Info y de la web francesa Mediapart, Sanofi debió reconocer que ya en 2017 se identificó un «problema localizado de emisiones».

Por ello, otra ONG, France Nature Environnement presentó una demanda contra la farmacéutica antes incluso de que ésta anunciara la suspensión de sus actividades en Mourenx. Reclamó además un estudio independiente que tenga en cuenta todos los factores tóxicos, cancerígenos mutadores y reprotóxicos ligados a las emanaciones.

También el senador de Biarritz, Max Brisson (LR) solicitó una comisión de investigación. Mientras, el prefecto de Pirineos Atlánticos, Gilbert Payet, participará hoy en la comisión de seguimiento que supervisa el impacto medioambiental de las actividades industriales en Lacq.