EH Bildu presentó ayer las bases sobre las que se debería sustentar el nuevo modelo de OPE en Osakidetza. La propuesta contempla un único examen estándar, con parte teórica y práctica y con iguales criterios en cada especialidad. La preparación del mismo quedaría en manos del IVAP, que debería contar para ello con personas expertas en las diferentes especialidades. «Y los datos de todas las personas que participen en la preparación de los exámenes quedarán en manos del Ararteko, como precaución ante eventuales denuncias de irregularidades», apuntó la parlamentaria Rebeka Ubera, que abogó por encomendar a la UPV-EHU la valoración sicométrica de los exámenes para asegurar que se han aplicado los mismos criterios y el mismo grado de dificultad.

Además, defendió que el examen no puede tener tanto peso en el conjunto del proceso, y apostó por dar más importancia a los méritos e introducir el itinerario formativo de los opositores. También reclamó la aprobación de una nueva ley fije «los criterios básicos a utilizar en las OPE. Una ley que establezca las condiciones mínimas a cumplir en todas las oposiciones de las administraciones públicas de la CAV para garantizar los principios de objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades». «Introducir estos cambios en el modelo de las OPE de Osakidetza garantizaría el fin de las prácticas irregulares que ahora están siendo objeto de investigación», señaló antes de recomendar al Servicio Vasco de Salud que aplique estos criterios en los exámenes que se van a repetir en las categorías de Cardiología, Anestesia, y Angiología y Cirugía Vascular.

Críticas de ELA

Osakidetza decidió repetir estas pruebas tras realizar una investigación en la que se advierte de la existencia de «defectos» en los modelos de examen. La medida anunciada por Osakidetza es insuficiente para ELA, que ayer pidió que se suspenda todo el proceso selectivo, porque lo ocurrido «no ha sido un fenómenos aislado, sino una muestra más de un sistema corrupto». La central emplazó al lehendakari a depurar las responsabilidades y a proteger a los trabajadores que han denunciado la filtración de exámenes. Unos profesionales que «están siendo criminalizados».