Eran las 4.40 del miércoles 15 de julio de 1998. Las últimas furgonetas del reparto de periódicos habían abandonado la nave del polígono Eziago de Hernani y solo quedaban unos trabajadores limpiando las máquinas. Doscientos policías forzaban la puerta de la rotativa y entraban en tromba en el edificio que albergaba al diario “Egin” y la emisora Egin Irratia. Con ellos penetraba en el local el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española, acompañado de varias cámaras de vídeo. El operativo se amplió inmediatamente a los otros centros de trabajo de las empresas del grupo en Bilbo, Iruñea y Gasteiz y se saldó además con la detención esa misma noche de once directivos.

Mientras funcionarios judiciales y policiales realizaban el registro del piso superior de las instalaciones de Hernani, en los talleres de la parte inferior unos policías desmontaban, e incluso reventaban, piezas de la moderna rotativa para su inutilización. Habría bastado con la retirada de los fusibles de alta, pero la bautizada policialmente “Operación Persiana” anunciaba de manera explícita su finalidad.

Cierre y suspensión de actividades

El miembro del Consejo de Administración de Orain S.A. –editora del periódico y la radio– Xabier Alegria fue uno de los primeros detenidos. «Me llevaron a la redacción de ‘Egin’ y fue entonces cuando empecé a darme cuenta del alcance de la operación. Ver allí a Garzón con toda su parafernalia mediática y, sobre todo, a la Policía manipulando la rotativa era una clara señal de que sí se habían atrevido. Nos habían cerrado ‘Egin’».

Tomás Arrizabalaga, apoderado de la empresa, se presentó voluntariamente en el lugar poco después de las 5.00 y, tras identificarse, fue obligado a quedarse. «Estuve en el registro hasta bien entrada la mañana del 15 de julio, con Iñaki Zapiain (administrador de Hernani Inprimategia). Cuando dieron por finalizado el registro y la inutilización de la rotativa y de los equipos de Egin Irratia, procedieron al precintado de las instalaciones, se quedó dentro la Policía y nos sacaron al exterior a los testigos. Entonces me di cuenta de la magnitud de la operación. Habían cerrado ‘Egin’ y Egin Irratia indefinidamente».

Eran aproximadamente las 11.00 de la mañana y, para entonces, la noticia había corrido como la pólvora por toda Euskal Herria. Ante las instalaciones se agrupaban desde horas antes trabajadores del grupo y decenas de periodistas. Entre ellos se encontraba Marian Beitialarrangoitia, directora de Egin Irratia, que vivía con «rabia e impotencia lo que era una de las vulneraciones de la libertad de expresión e información más graves conocidas hasta el momento».

Jabier Salutregi, director de “Egin”, se encontraba de vacaciones en el Mediterráneo y fue requerido por el juzgado para que se presentara en el lugar. «De camino, sorbiendo lágrimas de rabia –recuerda–, formulé lo que resultó ser luego un deseo común de todos cuantos hacíamos ‘Egin’: sacar adelante, ese mismo día, un nuevo periódico. Y publicamos, a trancas y barrancas, ‘Euskadi Información’».

Apenas habían transcurrido 24 horas del «cierre cautelar» y la reacción decidida de los trabajadores y de cientos de colaboradores anónimos había puesto al servicio de la sociedad un nuevo diario. Para entonces se habían producido centenares de actos de protesta en todo el territorio vasco. Tres días más tarde del cierre, el sábado 18, 75.000 personas se manifestaban en silencio en Donostia para denunciar el ataque a la libertad de prensa y expresión y exigir la reapertura de los medios y la libertad de sus directivos.

Revelación de Aznar en Turquía

El primer cierre policial-judicial de unos medios de comunicación desde la sublevación fascista de 1936 conmocionó a la sociedad vasca y parte de la española, y abrió un intenso debate sobre las libertades civiles y democráticas y la separación de poderes. La clausura, que comprendía la suspensión de actividades de las empresas del grupo de comunicación, se presentó desde los medios más afines al Estado como una resolutiva operación judicial. Sin embargo, el entonces presidente del Ejecutivo español, José María Aznar, en viaje oficial en Turquía, desvelaba el día 23 otros móviles. A preguntas de los periodistas, reprochó al anterior Gobierno del PSOE «dar explicaciones» de por qué “Egin” no se había clausurado antes y asumió tácitamente la responsabilidad de la “Operación Persiana”: «Pues ahora se ha cerrado. ¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?». La revelación sacudió también la política española. El portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprobó la «metedura de pata» y «disparate» de Aznar, mientras que para el líder de IU, Julio Anguita, la confesión «delató» que el cierre de los dos medios fue una «orden del Gobierno».

José Luis Elkoro, presidente del Consejo de Administración de Orain S.A., considera que «el objetivo era liquidar ‘Egin’; consta que en varios consejos de ministros de los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González plantearon eliminarlo, pero por la razón que fuera no lo hicieron. Fue Aznar, alentado entre otros por políticos vascos como Ardanza, Atutxa o Arregi, quien lo cerró».

Para Xabier Alegria, «el impulso político que hizo posible el cierre venía de largo: criminalización constante de la línea editorial, ataque sistemático a las fuentes de financiación publicitaria, la embestida policial de la mano de Atutxa... La primera apuesta, de liderazgo jeltzale, era asfixiarlos económicamente y, a través de la criminalización constante, crear las condiciones para que nadie levantase la voz en defensa de la libertad de expresión. La tesis del ‘todo es ETA’ no es de origen garzoniano. Muchas otras voces le hicieron el coro necesario».

Marian Beitialarrangoitia recuerda el acoso contra ambos medios «tras la publicación de noticias sobre casos de corrupción relacionados con el PNV y que motivaron la detención cuatro años antes del cierre del responsable del equipo de investigación Pepe Rei, solicitando el ahogo económico, a lo que siguió la política de boicot y negación de licencias del Gobierno Vasco».

El cierre de “Egin” y Egin Irratia y la suspensión de actividades supuso también dejar en la calle a 250 trabajadores, implantar una administración judicial y, de facto, llevar a la quiebra a la empresa editora, que en el momento de la clausura era solvente, tras veintiún años de actividad en el caso del diario y nueve en el de la radio.

Proceso y condenas

En el terreno judicial, el conocido como «caso Egin» amplió el número de procesados a dieciocho, bajo acusaciones que partían desde «integración en organización terrorista» o «colaboración» hasta alzamiento de bienes y sucesión de empresas. La pieza fue incorporada al Sumario 18/98, en el que se hallaba una profusión de organizaciones políticas, sociales, culturales y empresas de otros sectores, y cuya vista oral contra los 47 juzgados se prolongó durante 16 meses entre 2005 y 2007. El fallo del tribunal de la Audiencia Nacional impuso a los procesados del «caso Egin» condenas que iban de los 4 años a los 24 de prisión y que sumaban un total de 150 años.

En 2009, el Tribunal Supremo admitió los recursos de la defensa y redujo las condenas a casi la mitad y dejó sin efecto la declaración de ilicitud de actividades y disolución de Orain S.A. y del resto de empresas e invalidó el «comiso y liquidación de su patrimonio». No había motivo para el cierre de los medios; sin embargo, el procedimiento había supuesto ya la muerte y quiebra definitivas de un proyecto comunicativo que gozaba de una amplia implantación social.

En opinión de Tomás Arrizabalaga, el proceso respondió a que «éramos la información veraz, la información real que interesaba al pueblo llano, los que sacábamos a la luz lo que ocultaban los del pesebre, que cobraban sumas ingentes de los fondos del poder; un poder que no tenía otra vocación que destruir y silenciar todo aquello que sonara a libertad de nuestra Euskal Herria y del resto de pueblos del mundo».

En palabras de José Luis Elkoro, “Egin” había nacido para ser «la voz de los sin voz», y fue un proyecto «inédito, rompedor y preocupante para el Gobierno español y las instituciones vascas, con medios de comunicación controlados; y esto se les escapaba, era la voz de Euskal Herria, del pueblo vasco, con su ancestral aspiración de recuperar su identidad. Este deseo popular afectaba a los cimientos de la unidad española».

 

Consecuencias todavía vigentes: 4,7 millones de deuda, espada de Damocles sobre GARA

Además de las secuelas irreparables de condenas, clausura y ruina de su patrimonio, el proceso contra «Egin» ha dejado consecuencias que hoy siguen plenamente vigentes. Es el caso de la deuda de casi 4,7 millones de euros que la Tesorería General de la Seguridad Social reclamaba a Orain S.A. y que en junio de 2003 transfirió a Baigorri Argitaletxe S.A., editora de GARA, por considerarla «responsable solidaria». La resolución de este organismo estatal hacía suya la redacción del auto del juez Garzón de julio de 2000 por el que concebía «la existencia de una sucesión de empresas entre los grupos Orain-Egin y EKHE-Gara», cuando el patrimonio de «Egin» estaba precisamente bajo control del propio juez instructor. A pesar del pronunciamiento de otros tribunales e incluso organismos del Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social reclamó a GARA la deuda, lo cual derivó en un proceso de suspensión de pagos y la consiguiente intervención judicial sobre la actividad económica de Baigorri Argitaletxe S.A. Esta situación se prolonga ya durante 15 años de manera absolutamente insólita en el ámbito administrativo y laboral, y pesa como espada de Damocles sobre el proyecto de GARA e impide la normalización de su situación, el acceso de los trabajadores a derechos generales o la obtención de subvenciones. F.M.