El pasado 26 de junio, en una conversación con periodistas, el presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que los acercamientos de presos vascos se iniciarían con aquellos que se encuentran enfermos o tienen más de 70 años. Pasados dos meses no se ha consumado ningún traslado así, pero por primera vez se anuncia que se está estudiando traer a Euskal Herria a un prisionero que encaja en esa tipología: se trata de Kepa Arronategi, de Gernika, que cumple condena en Almería hace ya más de 20 años, tiene problemas síquicos graves y está entre la docena de prisioneros vascos que no figuran en la lista pública de casos pero sufren una enfermedad grave que según la ley debería conllevar su puesta en libertad.

A la espera de si se materializa el traslado, la confirmación del Gobierno español de que está en estudio apunta a que se afronta al fin este asunto especialmente urgente y dramático, como mostró el suicidio en Puerto de Santa María del preso de Iruñea Xabier Rey Antxo el pasado mes de marzo.

Lamentablemente, Arronategi no es un caso aislado. En los últimos años desde diversos colectivos se ha alertado del incremento de problemas síquicos en las prisiones, lo que desde la asociación médica Jaiki Hadi se relaciona con prácticas como la política de aislamiento, el alargamiento de condenas o las restricciones del régimen de vida impuestas al Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas.

En la última actualización del informe sobre ‘‘Cárcel y salud’’, muy reciente, Jaiki Hadi detalla que en la actualidad trabaja con 21 presos que necesitan asistencia sicológica: «La realizamos de diferentes maneras. En algunos casos, de no mediar negativa alguna por parte de la institución penitenciaria, la asistencia que ofrecemos es directa, por medio de visitas al paciente en calidad de sicólogos y sicólogas de confianza. Cuando no hay posibilidad de ello, procuramos asistir en visitas ordinarias y/o usando la correspondencia como medio para hacer el seguimiento adecuado. Para ello contamos con un equipo de ayuda y consulta siquiátrica».

Obviamente no todos los casos son iguales en tipología ni gravedad. Jaiki Hadi precisa que de esos 21 totales, «a seis se les hace un seguimiento estricto por su especial gravedad, bien por medio de visitas o bien por escrito». Otros nueve están «bajo control» de la asociación y hay seis más con lo que esa asistencia resulta más discreta.

Sin referir nombres por cuestiones evidentes de confidencialidad –aunque lógicamente Instituciones Penitenciarias sabe mejor que nadie cuál es la situación de cada preso–, Jaiki Hadi añade que «los casos más habituales con que nos encontramos en la actualidad son los relacionados con los trastornos neuróticos». Refiere cuatro casos de «depresión mayor, cronificada»&flexSpace;y otros cuatro de «trastorno de ansiedad generalizada». Y añade que «hay cada vez más casos con síntomas derivados de experiencias de tortura tras su paso por comisaría, con sintomatologías que van más allá de lo establecido en la clasificación de DSM-IV [estándar internacional común] en relación al estrés postraumático. Tratamos también otros tipos de trastornos como trastornos de personalidad, obsesivo-compulsivos y diferentes fobias».

En cualquier caso, las propias características de estas enfermedades hacen que a veces no sean asumidas por la persona afectada o bien su existencia o su gravedad no se perciban desde el exterior. El fatal desenlace de Xabier Rey –tras diez años de cárcel, mucho tiempo en aislamiento y a mil kilómetros de casa– resulta revelador al respecto.

Entre los trece prisioneros vascos que integran actualmente la lista pública de excarcelables por enfermedad grave, hay tres que presentan problemas de carácter síquico: Ibon Iparragirre (en este caso derivados de la afección principal, que es la infección por VIH), Aitzol Gogorza y Txus Martín. Los tres siguen presos, pero en estos casos excepcionalmente en Euskal Herria: Iparragirre en el centro Aita Menni de Arrasate, Gogorza en Basauri y Martín en Zaballa. En prisión atenuada en su domicilio está además Mikel Gil.

 

Sare a Marlaska: «El grado no puede estar sujeto a la venganza»

&discHyphen;La comparecencia anteayer del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska sobre los presos vascos, por momentos contradictoria, motivó ayer la respuesta de Sare. La red percibe una «ceremonia de la confusión» al mezclarse cuestiones de política carcelaria que debieran ser automáticas (como el acercamiento) con otras que sí constituyen «beneficios penitenciarios» y tienen un desarrollo diferente.

En este contexto de parón y enredo dialéctico, Sare reivindica por ejemplo que «la progresión de grado no puede continuar estando sujeta a criterios de venganza y de chantaje, sino a criterios objetivos de reinserción. Y en este sentido debemos continuar denunciando que el 95% de estos presos y presas se encuentran en primer grado penitenciario». Grande-Marlaska señaló en el Congreso que en su campo de valoración figuran 233 presos y presas vascas en el Estado español (18 más que los de EPPK), y que exactamente 203 están en primer grado.

Tras saludar la opción de traslado de Arronategi pero recordar que realmente debía ser puesto en libertad, la nota de Sare concluye así: «Ante esta situación de impasse, de falta de iniciativa, de declaraciones contradictorias, hoy más que nunca es necesario que la sociedad vasca tome el protagonismo y exija, pacífica y democráticamente, el fin de tantas vulneraciones de derechos». Y recuerda la movilización de ‘‘Orain Presoak’’ el próximo 20 de octubre en Bilbo.

Unos 25

presos sufren enfermedades graves por las que deberían ser excarcelados. En la lista pública hay ahora 13 y un número similar (entre ellos Arronategi) se mantiene en el ámbito reservado por diferentes motivos.

21

necesitan ayuda sicológica en la actualidad según los datos de Jaiki Hadi. Los trastornos que suman son 27, ya que algunos padecen más de uno.

4

han tenido episodios de autolesiones o intentos de realizarlas.

3

tienen un protocolo de acompañamiento en prisión actualmente.