2018/09/04

EDITORIALA
Un paso en la recuperación del patrimonio público

Cualquiera que quiera inscribir un bien en el registro debe acreditar la propiedad con escritos, pruebas y testigos. Menos la Iglesia, que de 1946 a 2015 ha estado exenta. Bastaba con que el Obispo –juez y parte– validase la pretendida propiedad eclesial de un bien. En 1998, Aznar fue todavía más lejos que Franco y amplió dicha potestad a lugares de culto, un paso que ni el dictador osó dar. El resultado de estas inmatriculaciones es que miles de edificios y terrenos, muchas veces comunales, –entre 40.000 y 60.000, según los cálculos para el Estado español–, han pasado a engrosar la nutrida lista de haberes de la Iglesia. Según un estudio de la consultora PWC, los bienes inmatriculados pueden llegar al 2% del PIB del Estado español.

El Gobierno español ha anunciado que próximamente publicará la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 –el PSOE rechazó pedir el listado desde 1946–. En Hego Euskal Herria, sin embargo, diversas iniciativas encabezadas tanto por movimientos en defensa del patrimonio público como por los Parlamentos de Iruñea y Gasteiz han logrado la información necesaria para realizar un primer censo en el que constan 1.592 bienes. Tres por cada municipio de Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. NAIZ publica hoy la lista por primera vez, en un ejercicio necesario de transparencia.

Aunque se haga de forma limitada y parcial, la publicación de la lista oficial es un paso en el largo y complejo proceso de tratar de recuperar el patrimonio apropiado por la Iglesia de forma ilegítima. Un esfuerzo que requiere de largos, costosos y a menudo frustrantes procesos judiciales, en los que será importante contar con el apoyo y el impulso institucional. Confeccionar la lista, desde luego, solo tiene sentido si se hace para pasar a continuación a un análisis exhaustivo de los bienes inmatriculados y proceder a la recuperación en los casos que así lo requieran. Las herramientas legales para hacerlo existen.