Nueva jornada surrealista en el Parlament. No va a ser fácil resumirla; menos aun explicarla. Tras dos días de debate en el Pleno de Política General, ayer era el día en que el Parlament debía votar las resoluciones con las que los grupos parlamentarios tratan de señalar el camino a la acción de Govern. Encima de la mesa había resoluciones de todo tipo, tanto sobre la cuestión nacional como sobre políticas económicas y sociales. El arranque del pleno estaba previsto para las 12.00.

También era el día en que debía estrenarse el acuerdo aprobado en el pleno del pasado martes por JxCat, ERC y Catalunya en Comú sobre los seis diputados presos y exiliados suspendidos en julio por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Un acuerdo que, tras rechazar en primera instancia la suspensión de los diputados –la retirada de su acta–, establece textualmente que «mientras dure la situación jurídica actual (...) los derechos parlamentarios de los diputados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen».

Una persona con una comprensión lectora estándar entiende del entrecomillado que los diputados no son suspendidos, sino que designan a una persona para que ejerza su voto. Así lo entendieron los dos diputados afectados de ERC. Junqueras, por ejemplo, remitió a la Mesa del Parlament el siguiente escrito: «Designo al diputado Sergi Sabrià para que ejerza mis derechos parlamentarios mientras dure la situación jurídica actual». No hay suspensión.

Todo parecía así de fácil hasta que JxCat, en vez de presentar un texto similar para sus cuatro diputados afectados, presentó un único escrito firmado por el presidente de su grupo parlamentario, Albert Batet, en el que se notificaba que querían seguir con el esquema anterior, es decir, con la delegación del voto. Se aferraban al hecho de que el Parlament rechazó la suspensión de los diputados. El resultado práctico de ambas opciones –delegación del voto y designación de una persona para ejercer los derechos parlamentarios– es absolutamente la misma, pues las dos concluyen en que el voto del diputado preso o exiliado lo ejerce otro diputado; pero por razones que solo ellos conocen –y entienden–, ayer a JxCat le pareció buena idea tensar la cuerda de la eterna pugna con ERC.

Los letrados del Parlament establecieron que con la fórmula presentada por Batet no se podrían contabilizar los votos de los cuatro diputados de JxCat, por lo que Torrent les dio una hora para presentar los escritos individuales de cada diputado afectado. Esos 60 minutos se convirtieron en 360. Cerca de las 18.00, los diputados Eduard Pujol (JxCat) y Sergi Sabrià (ERC) comparecieron conjuntamente para anunciar algo parecido a una fumata blanca. La primera pregunta desde la bancada de los periodistas dio cuenta del clima imperante: «¿Querrían aprovechar para pedir disculpas a los catalanes?».

«Situación excepcional»

La solución finalmente alcanzada, por otra parte, era prácticamente igual a la que, seis horas antes, les había propuesto el president del Parlament, Roger Torrent: cada uno de los cuatro diputados afectados presentaría un escrito haciendo suya la petición genérica presentada por Batet a la mañana, añadiendo una referencia genérica al acuerdo alcanzado en el Parlament el 2 de octubre.

La incomodidad de Sabrià y Pujol, que no hicieron más que parapetarse bajo el argumento de que «estamos en una situación excepcional», fue evidente a la hora de responder a las preguntas de los periodistas. Sobre todo cuando uno de los reporteros les preguntó a qué venía tanto revuelo si los diputados suspendidos por el Supremo no reciben su sueldo desde el mes de julio. A preguntas sobre si los diputados reclamarán de nuevo cobrar sus honorarios, dado que el Parlament rechazó el martes suspenderlos, Sabrià y Pujol echaron balones fuera, visiblemente incómodos ante la evidencia de que no comparten la misma respuesta. Esta carpeta no está cerrada.

Pese al revuelo, parecía que todo iba a quedar en un ridículo menor y que, aunque fuese siete horas más tarde, el pleno podría celebrarse. Hasta que llegaron los letrados del Parlament y consideraron que la fórmula de JxCat seguía sin ajustarse al acuerdo del 2 de octubre, por lo que se decantaban por no contabilizar los votos de los cuatro diputados de JxCat afectados. La opinión de los letrados es consultiva, por lo que el independentismo hizo valer su mayoría en la Mesa para avalar el movimiento de JxCat. Pero no fue suficiente. PSC y Ciudadanos pidieron inmediatamente una reconsideración, lo que obligó a la Mesa a reunirse de nuevo. Para entonces eran ya cerca de las 21.00 y no eran horas para empezar un pleno. Torrent suspendió la sesión sine die, entre las protestas de una bancada unionista exultante.

 

La CUP, en el punto de mira de la pugna entre PP y Ciudadanos

El líder del PP, Pablo Casado, abrió fuego el miércoles asegurando que existen motivos para ilegalizar a la CUP, al considerar que el partido independentista «anima a la violencia». Su par en Ciudadanos, Albert Rivera, recogió el guante ayer, mostrándose dispuesto a debatir la aplicación de la Ley de Partidos contra los cuperos. De hecho, Ciudadanos lleva toda la semana introduciendo en el debate mediático la criminalizadora expresión «comandos independentistas», en referencia a los Comités de Defensa de la República (CDR). El pasado martes, la líder del partido naranja en el Parlament, Inés Arrimadas, utilizó en 24 ocasiones la expresión durante una rueda de prensa que apenas duró unos veinte minutos.

Pero Rivera no solo se quedó ahí, sino que desempolvó una propuesta con la que ya jugó hace algunos meses: la imposición de un umbral estatal para lograr representación en el Congreso. Es decir, establecer como requisito que los partidos tengan que lograr un 3% de los votos de todo el Estado para obtener diputados en el Parlamento español. Es un umbral que ninguno de los partidos catalanes, vascos, gallegos y canarios alcanza por si solo. ERC, en los mejores resultados de su historia, se quedó en un 2,63% en 2016.

Rivera recuperó ayer la propuesta por «si el PP está dispuesto a cambiar de criterio y abrir un debate sobre el papel de los partidos separatistas en la política española». «Todavía no somos conscientes de que el nacionalismo es una ideología que va en contra de los valores constitucionales y las libertades», añadió sin reparos. B.Z.