2018/10/11

El Tribunal de Cuentas estatal avala cómo Bildu paró la incineradora

El Tribunal de Cuentas estatal ha dado la razón a los exresponsables de Bildu en Diputación y GHK: no cometieron ninguna irregularidad al rescindir los contratos y parar la incineradora. Errazkin e Intxaurrandieta son exonerados y la acusación impulsada por PNV y PSE queda en evidencia, más aún cuando les reclamaban 41 millones de euros.

GARA|DONOSTIA
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La revancha emprendida por los actuales responsables de Gipuzkoako Hondakinen Konsorzioa (GHK) contra los representantes de Bildu que pararon la incineradora en 2011 se ha saldado con un tremendo fracaso. Con el impulso de PNV y PSE, se exigía a Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta que reintegraran nada menos que 41 millones de euros, afirmando que ese fue el perjuicio provocado al Consorcio por aquella decisión. La vista se celebró en abril en el Tribunal de Cuentas estatal, en una sala dirigida por la exministra del Gobierno Aznar Margarita Mariscal de Gante y con la Fiscalía defendiendo la acusación, lo que daba a entender que el exdiputado de Medio Ambiente y la expresidenta de GHK tenían las de perder. Sin embargo, la institución fiscalizadora ha dado la razón a los denunciados y ahora son los denunciantes quienes tendrán que dar explicaciones.

Uno de los principales señalados por esta resolución es el actual número dos de la Diputación de Gipuzkoa, Denis Itxaso, dado que declaró en la vista como testigo de la acusación junto al presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, Arcadio Benítez, ambos del PSE. Itxaso defendió esta implicación así: «El interés público de Gipuzkoa exige pedir responsabilidades a Bildu». El diputado de Medio Ambiente actual, José Ignacio Asensio, se mostró bastante más prudente al indicar que «los tribunales son los que deben determinar las responsabilidades y a todos nos tocará respetar sus decisiones».

Con ocasión de esta sesión de abril, se publicó que era el primer caso en que se pedía a antiguos cargos públicos que respondieran con su patrimonio personal sobre los efectos de una decisión política que, cabe recordar, no suponía más que el cumplimiento del programa electoral de Bildu. Todo ello pone de manifiesto que la denuncia del actual GHK buscaba dar toda una lección a los exresponsables de las instituciones guipuzcoanas. Intxaurrandieta habló directamente de «deseo de venganza».

Tras conocerse la decisión, GHK remitió un breve comunicado en el que adelanta que continuará en su objetivo en otras instancias y señala que este procedimiento «se limita a la responsabilidad contable por alcance de los anteriores gestores, que la las auditorías de la sociedad cifran en 45 millones de euros. Deuda que Gipuzkoa se ha visto obligada a asumir porque Errazkin, Intxaurrandieta y otros decidieron paralizar las infraestructuras, saltándose la Norma Foral aprobada por las Juntas Generales y rompiendo los contratos suscritos en contra de informes técnicos y jurídicos».

El consorcio guipuzcoano señala que actualmente existe un procedimiento abierto en el que el TSJPV «apreció irregularidades y desviación de poder en la actuación de los anteriores gestores de GHK de las que podrían derivarse responsabilidades y que todavía está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Supremo».

EH Bildu, por su parte, ha convocado para hoy una rueda de prensa en la que ofrecerá una primera valoración.

El swap, en el meollo

La resolución del Tribunal de Cuentas devuelve a primer plano la cuestión de aquel polémico swap con el que las instituciones que pusieron en marcha la incineradora en la primera fase (legislatura 2007-2011) intentaron hacer irreversible su construcción.

En la vista, los dos demandados hicieron hincapié en que los pagos por cancelación de contratos y swap no fueron provocados por ellos, sino por la mala gestión de sus antecesores en los cargos. Intxaurrandieta recordó que el contrato con las constructoras preveía hasta 19 cláusulas para proceder a una rescisión, pero no había ninguna opción de dejar de pagar los intereses de ese swap, una operación difícilmente explicable.

«¿Había que pagar los swap si hubiéramos continuado con la construcción de la incineradora? Sí –recordó entonces la que había sido presidenta de GHK–. Por tanto, la firma de ese swap es lo que provocó daños al Consorcio, no haber paralizado las obras de la incineradora», sostuvo en el Tribunal de Cuentas, que medio año después ha terminado dando la razón a los demandados.


 

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