Una ovación cerrada recibió ayer en la sede de EH Bildu en Donostia al exdiputado Iñaki Errazkin y la expresidenta de GHK Ainhoa Intxaurrandieta. Han sido exculpados por el Tribunal de Cuentas estatal por una denuncia impulsada desde el Consorcio actualmente dirigido por PNV y PSE en la que se les reclamaban 41 millones de euros por parar la incineradora en 2011-2013. La comparecencia tuvo dos partes bien diferentes, con dos mensajes igualmente diversos: mientras la diputada Marian Beitialarrangoitia denunciaba con dureza esa acometida judicial y subrayaba la contundencia y profundidad del fallo del Tribunal de Cuentas, el exalcalde de Donostia y candidato de EH Bildu por Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, instó a esos dos partidos a «reconducir» el conflicto.

Izagirre situó este capítulo como una muestra del modo en que se ha «envenenado» el tema y se dirigió a PNV y PSE para instarles a «una rectificación» en su actitud: «Abandonad la vía de la judicialización y la venganza. Reconducid esto de la única manera posible, que es con las guipuzcoanas y guipuzcoanos». Y abogó por «encontrar la mejor solución».

El dictamen del Tribunal de Cuentas estatal, firmado por la que fuera ministra de Justicia en el Gobierno Aznar Margarita Mariscal de Gante, es muy tajante. La demanda se rechaza por completo y se imponen las costas a los denunciantes. Beitialarrangoitia resumió que Mariscal deja claro que «Bildu actuó bien y en favor del interés general» mientras los promotores de la incineradora priorizaron «los intereses de los bancos y las grandes empresas».

Yendo más allá en su lectura, EH Bildu acusa a PNV y PSE de recurrir a «la venganza y el matonismo político» contra «dos personas honestas» que solamente cumplieron su compromiso electoral y cuyo «proyecto de vida ha sido puesto en riesgo» con esa reclamación multimillonaria.

Errazkin e Intxaurrandieta contuvieron a duras penas la emoción y se mostraron agradecidos por el recibimiento de sus compañeros y todos los apoyos de estos meses y años. Para la expresidenta de GHK, «el tiempo pone a cada uno en su sitio». Para el exdiputado, «sigue haciendo mucho daño a nivel personal que el diputado [José Ignacio] Asensio nos haya acusado en una entrevista reciente de ‘corrupción administrativa’».

Asensio: «No ha acabado»

El llamamiento a la rectificación de actitudes no cala de momento en los actuales mandatarios guipuzcoanos. Nada más trascender la sentencia, GHK destacó en una nota que siguen activas dos acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo español (el de Cuentas tiene carácter administrativo, no penal).

En la misma línea, el actual diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, reiteró ayer que «el recorrido judicial no ha acabado» en lo que respecta a la paralización de la incineradora tras 2011 (luego retomada en 2015, con dimensión menor y ahora ya muy avanzada con la pretensión de ponerla en marcha en 2019).

«Hemos ganado muchas sentencias en esta legislatura, y hay que esperar a que todas sean firmes para hacer una valoración definitiva de lo que supuso la gestión de Bildu», añadió. No precisó si recurrirán la decisión de Cuentas, para lo que tienen quince días, ni aludió a cómo se pagarán las costas.

ELA y LAB, felices con el fallo, llaman a mantener la oposición

La sentencia del Tribunal de Cuentas es interpretada por el sindicato ELA como una derrota de «aquellos que han querido ahogar las alternativas a base de castigos, es decir, el actual Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa (PNV-PSE)». Añade su «alegría» y su solidaridad con Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta. Y aprovecha para recordar la manifestación del sábado 27 en Donostia contra la incineradora.

En otra nota, LAB estima que «esta victoria debe multiplicar nuestras energías para luchar contra la incineradora», por lo que llama a la citada marcha. Se «alegra enormemente» por la exculpación de los dos representantes de EH Bildu, concluye que «lo que han hecho PNV y PSE es totalmente antidemocrático e irresponsable» y les pide que «desistan de la vía judicial y paren la incineradora».