Según detalla el informe «El poder de decidir» del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 66 de cada mil jóvenes entre 15 y 19 años han estado embarazadas en Latinoamérica. Se trata de un porcentaje muy superior a la media de 46 por mil existente en el planeta y solo por debajo de las 93 en África Oriental y Meridional y 114 en África Occidental y Central. Ecuador (111), Honduras (103), Venezuela (95), Nicaragua (92) y Guatemala (92) presentan las mayores tasas, y en el otro extremo están Chile (41), Trinidad y Tobago (38), Curaçao (35), Aruba (35), Bahamas (32) y Martinica (20).

Además, se trata de la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años, y se estima que cada año un 15% de todos los embarazos ocurre en menores de 20 años y que dos millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años.

Paradójicamente, eso se da en un contexto en que la tasa total de fecundidad en América Latina y el Caribe ha disminuido de forma ostensible en las últimas décadas, de 3,95 nacimientos por mujer en el período 1980-1985 a 2,15 nacimientos en 2010-2015.

En términos generales, puede decirse que el embarazo juvenil es un fenómeno que caracteriza a toda la región, y está motivado, en gran medida, por la falta de acceso a los métodos anticonceptivos. «Eso es lo más obvio», indica a France Press Esteban Caballero, director de UNFPA para América Latina y el Caribe. Y es que hay países donde una menor de 18 años no puede comprar anticonceptivos si no es con permiso de un tutor o de sus padres, lo que complica la adquisición de métodos modernos como la píldora.

Con todo, el documento también hace referencia a elementos estrechamente ligados a este problema, como la violencia machista, la falta de educación sexual, principalmente en las escuelas, y los matrimonios o emparejamientos a temprana edad. De hecho, explica que la maternidad en la región «comienza poco después de la primera relación sexual, y las primeras uniones suelen formalizarse cerca o después de un embarazo, a menudo de manera involuntaria». «Muchos de esos embarazos no son una elección deliberada, sino la causa, por ejemplo, de una relación de abuso», apostilla.

La pobreza, un factor determinante

La pobreza, qué duda cabe, tiene una importancia vital en todo esto. Naciones Unidas constata que los embarazos en la adolescencia son más comunes en los hogares más pobres y se deben más a la falta de acceso a anticonceptivos que al deseo real de tener hijos. Esa situación de pobreza impide que las menores puedan tener un acceso adecuado a la educación sexual o a la independencia económica, por lo que son más vulnerables a terminar embarazadas, y ello termina reproduciendo el círculo de pobreza. En concreto, el documento señala que en algunos países las niñas adolescentes sin educación o que acreditan solo una educación primaria tienen cuatro veces más posibilidad de quedar embarazadas que las adolescentes con educación secundaria o terciaria. De la misma manera, la probabilidad de quedar embarazada es entre tres y cuatro veces mayor entre las adolescentes de hogares en el quintil inferior en comparación con las que viven en los quintiles más altos.

Asimismo, muchas menores tienen que abandonar la escuela debido a un embarazo, lo que tiene un impacto a largo plazo en las oportunidades de completar su educación e incorporarse al mercado laboral, así como a participar en la vida pública y política.

Los embarazos no deseados tienen además una importante derivada en términos sanitarios, pues son terreno abonado para la práctica del aborto en condiciones inseguras y de clandestinidad, en una región donde, según la Organización Mundial de la Salud, 44 por 1.000 mujeres de 15 a 44 años abortaron entre 2010 y 2014, una tasa nueve puntos superior a la media mundial. «Las adolescentes que viven en hogares más ricos disponen de mejor información sobre la salud sexual y reproductiva, y de un mayor acceso a los servicios de control de la natalidad; incluso pueden acceder a servicios de aborto en condiciones de seguridad, aunque ilegales», destaca el informe de la ONU.

En este sentido hay un dato revelador y aterrador: la mortalidad materna es una de las principales causas de fallecimiento entre mujeres de 15 a 24 años en Latinoamérica. En 2014, fallecieron cerca de 1.900 adolescentes y jóvenes murieron como resultado de problemas durante el embarazo, el parto y el posparto. A nivel global, el riesgo se duplica en madres más jóvenes de 15 años en países de ingreso bajo y mediano, y las muertes perinatales son un 50% mayores entre recién nacidos de madres menores de 20 años que en madres entre 20 y 29 años.

Para evitar el embarazo precoz, Caballero aboga por un consenso entre gobierno y la sociedad civil para establecer un nuevo enfoque que facilite la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos y el empoderamiento de la mujer. «Es una realidad que existe pero que no siempre es reconocida», indica el representante de la UNFPA, añadiendo que a veces no se enfoca «desde un punto de vista de salud pública, sino que «lo tomamos desde un punto de vista moral».

En este sentido, se apunta como una de trabas para afrontar este asunto la influencia de la religión, principalmente la católica pero con un gran avance de las evangélicas, contraria a la planificación familiar y al uso de métodos anticonceptivos o al aborto.