María Acale Sánchez, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz enmarcó ayer la violencia sexista en el ámbito judicial.

La experta jurista inició su intervención en Baluarte con una mirada retrospectiva al Código Penal español en materia de violencia sexista. Según explicó, a lo largo de la historia de las leyes penales, durante muchos años el derecho penal ha sido «el brazo armado del patriarcado», que se ha utilizado para controlar «el comportamiento» de las mujeres.

Recordó cuando en 1822 existía el delito de uxoricidio, que consistía en que si un hombre sorprendía a su mujer manteniendo relaciones sexuales con otro y le mataba el castigo se limitaba al destierro.

Analizando el presente de los delitos que atentan contra la libertad sexual de la mujer, el Código Penal español «ha evolucionado» por medio de «innumerables reformas» que ha sufrido durante los últimos años. Estas modificaciones han venido de la mano del deseo de ceñirse al ordenamiento europeo, según indicó la catedrática.

Aún así, Acale declaró que en muchos sentidos el tratamiento y castigo de «la violencia sexual ha involucionado», y el código penal sigue siendo «victimario y patriarcal»: «En vez de demostrar que el sujeto activo ha ejercido violencia e intimidación, se pone el foco en la actitud que tomó la víctima o la resistencia que ejerció o no durante la agresión».

Explicó, así, que este cuestionamiento a la agredida se traduce en una «revictimización de la mujer» a lo largo de todo el proceso judicial.

Citó como ejemplo de sus palabras la sentencia contra «La Manada» por la violación grupal denunciada en sanfermines de hace dos años, fallo que cumple con todos los requisitos: «Se trata con rigor a la víctima y con comprensión a los cinco hombres. Ni siquiera el fallo condenatorio se refiere a ella como la víctima, sino como la denunciante. Es una desposesión de la condición de víctima», subrayó Acale.

Con vistas al futuro, la catedrática en Derecho Penal, consideró necesaria una perspectiva de género que permita tener «empatía» y «saber que después de la sentencia la denunciante ya es víctima».

Se mostró, en este contexto, esperanzada con la propuesta de ley de protección integral de la violencia sexual presentada por Podemos.