Dos semanas después de que el Tribunal de Cuentas del Estado español exculpara a Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin de la demanda interpuesta por GHK en un intento de hacer responsables a los dos acusados del daño económico causado por parar en 2013 el anterior proyecto de la incineradora, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ha propuesto recurrir la sentencia.

El lunes de la semana que viene la Asamblea General del Consorcio de Residuos —con mayoría del PNV y PSE— se reunirá para decidir si emprenderán o no la vía del recurso. Si la propuesta saliera adelante, otra sala del Tribunal de Cuentas analizaría dicho recurso, aunque el proceso judicial podría llegar al Tribunal Supremo.

La sentencia firmada por la exministra de Jose María Aznar Margarita Mariscal de Gante desestimó íntegramente la demanda interpuesta por el consorcio de residuos y eximió a Intxaurrandieta Errazkin, directora de GHK y diputado de Medio Ambiente durante el mandato de EH Bildu, de pagar más de 40 millones de euros.

Falta de pruebas

Según un informe jurídico que analiza las posibilidades del recurso y que “Noticias de Gipuzkoa” hizo público ayer, el consorcio de residuos arguye que la sentencia no se sostiene en las pruebas que se presentaron durante el juicio, y que tienen «argumentos importantes» para presentar el recurso de apelación.

Tanto el fallo emitido el 10 de octubre como el argumento central de los demandados se basa en el sobredimensionamiento de la planta incineradora y en que los efectos contables de su construcción serían más perjudiciales que los que provocaría parar el proyecto, pero GHK sostiene que dicho argumento no se sustenta «ni en las pruebas que se han practicado, ni en las normas procesales relativas a las pretensiones de las partes ni en las relativas a la carga de la prueba».

GHK pretende justificar el sobredimensionamiento de la incineradora de Zubieta diciendo que esto «no afecta a la posibilidad de funcionamiento» y reitera la opción que ya presentaron los técnicos del consorcio de «incinerar los residuos que están depositados en vertederos».

Los abogados de GHK discrepan del deber que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas de demostrar que la resolución del contrato con las empresas no fue la opción menos perjudicial, y entienden que a EH Bildu le correspondería «demostrar que su gestión fue correcta».