Hasta hace no mucho, la cuestión de la incineradora y la gestión de residuos en Gipuzkoa era vista como la bestia parda de EH Bildu. Es evidente que el tema le pasó una terrible factura y dejó una profunda resaca política. No acertó al no convocar un referéndum que podía haber ganado, porque lo cierto es que nadie quiere una incineradora en su casa y la apuesta social por el reciclaje era muy potente. Colocaba a la sociedad como puntera en Europa. Asimismo, en algunas cosas fue demasiado tajante y en otras un tanto lenta. Hubo gente que votó contra un sistema que no se aplicaba en su pueblo. Ya se sabe, en comunicación el mensaje no es el emitido, es el percibido. Tampoco valoró seriamente que un partido de orden como el PNV fuese a empujar a su base social a un esquema tan sucio como el de «tirar la basura por la ventana».

Sin embargo, en los últimos meses ha habido elementos que han alterado el panorama. En primer lugar, al llevar los residuos a la incineradora de Bizkaia, a Zabalgarbi, se ha demostrado que en los territorios vascos no es necesaria otra planta, que la que existe tiene capacidad suficiente. Esto indica a su vez que Zabalgarbi no es rentable si no importa residuos, algo que complicaría la competencia de otra planta.

El PNV lleva años diciendo en todas las citas electorales que, debido a la crisis, no iban a invertir en infraestructuras innecesarias sino en las personas. No es el caso de la incineradora. También contraviene todos sus discursos sobre la apuesta por la economía circular. Este tema ha llegado a generar discrepancias entre dirigentes jelkides de los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa. Las lógicas internas y externas del partido se trucaron. Los de Egibar tenían claro que debían ganar elecciones como fuese, si no querían que su pacto con Urkullu decayese, mientras que los dirigentes pro-business de Bizkaia veían una oportunidad de negocio que además casaba con un discurso de territorialidad.

Había otros intereses muy potentes detrás. La planta de Zubieta conlleva un contrato privado de 35 años, con un precio establecido sin tener en cuenta el desarrollo de los residuos y sin apenas control. Un gran negocio privado y una hipoteca total para quienes ganen las elecciones, que tendrán que gestionar semejante trampa. Y nadie, no desde luego los dirigentes jelkides, duda de que EH Bildu ganará antes o después en Gipuzkoa.

Habrá quien piense que, de todos modos, la incineración no es la solución, ni en Bilbo ni en Zubieta. Y tienen toda la razón. Tiene un gran impacto ambiental, valoriza los residuos de forma muy poco eficiente y no es sostenible económicamente. Supone un freno al reciclaje que la propia Diputación de Bizkaia ha tenido que asumir. Cuanto más se recicla más inviable es económicamente, lo que la mete en un círculo perverso.

El caso es que no hay plan ni correlación de fuerzas para cerrar Zabalgarbi a corto plazo. A medio solo se podría hacer ahogándola económicamente, es decir, convirtiéndose en una potencia en reciclaje. En principio, es más fácil lograr esto socialmente que un vuelco institucional total en ese territorio. E incluso de ser así, la experiencia de Gipuzkoa no invita a políticas de decreto.

Otro elemento que ha entrado en escena es que los mismos que acusaban a EH Bildu de promover una «Policía de la basura» han metido en sus localidades un sistema demencial, con identificaciones personales y un malísimo servicio de recogida. Todo ello con el agravante de que llevaron a una parte de la sociedad a posiciones de falta de conciencia ecológica total, a posiciones «antisistema». Claro, pídanles ahora que reciclen, que se identifiquen, que hagan las cosas bien.

Por último, pero no menos importante, el fallo del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) ha evidenciado que el proyecto de la incineradora estaba totalmente sobredimensionado y que los responsables de EH Bildu, con Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta a la cabeza, actuaron legítimamente al paralizarlo. El TCE los absolvió y condenó a costas a la actual administración, que les pedía 45 millones por ser coherentes con el mandato que habían recibido de las urnas. Pese a todo, los responsables de PNV y PSE han mostrado la voluntad de recurrir, algo inaudito que solo se entiende porque no tienen que pagar ese recurso de su bolsillo.

Un acuerdo político sobre residuos es viable si todo el mundo asume sus contradicciones, sus errores y piensa en qué es lo mejor para la sociedad. Si no, el juego sucio acabará pasando factura a todo el mundo.