Tal y como había anunciado previamente, el lunes el administrador presentó el ERE de extinción de La Naval con el que se inicia el despido colectivo de los trabajadores. La plantilla respondió con un encierro. Tras más de un año desde que la dirección del astillero solicitará el concurso de acreedores, a día de hoy todavía no se vislumbra ninguna solución para esta empresa de Sestao. En este contexto de falta de perspectivas, ayer la consejera de Desarrollo Económico de Lakua abandonó enfadada una reunión con los trabajadores cuando estos le achacaron que solo le interesara buscar un titular que diga que La Naval no se cierra.

Lo cierto es que el discurso de los representantes de la administración pública se centra en estos momentos en dos puntos: que la compañía Van Oord decida terminar la draga en Sestao, lo que a su vez daría margen para buscar un inversor solvente que se hiciera cargo del astillero. Ganar tiempo cuando se ha perdido un año, ya sea por falta de interés o de habilidad de los responsables políticos. La ausencia de soluciones ha redoblado la presión social para que se opte por otra salida que pasaría por que el Estado vuelva a hacerse con el control de La Naval, tal y como ha sucedido en otros países europeos con algunas de sus industrias estratégicas. Tanto la administración central como autonómica se escudan en que la normativa europea lo prohíbe para evitar un camino por el que no quieren transitar. Muestra de ello es que la semana que viene Lakua presentará un informe de actuaciones posibles que no se consideren ayudas de Estado. Que se presente un año después del inicio de la crisis dice de nuevo mucho sobre la voluntad de las administraciones estatal y vascongada de implicarse en una gestión pública de La Naval.

Con el parapeto de que se necesita un inversor privado, hasta la Diputación Foral de Bizkaia apareció ayer dispuesta a intervenir. Una trinchera que ya no oculta la falta de implicación pública en el futuro industrial del país.