Ramón SOLA

El trasatlántico zarpó ante un Estado siempre anclado

Estrasburgo ha fallado que el juicio acabó en tongo, como preveían las defensas desde que se conoció el tribunal. Pero no fue algo aislado: lo que el Estado pretendió torpedear, y aún pretende, era el proceso entero. En 2009 llegaron minutos tarde, en 2011 años, y en 2018, una eternidad.

Acaba de cumplirse una década desde que Arnaldo Otegi salió de Martutene y comenzó junto a un reducido grupo a calibrar la opción de «virar el trasatlántico» de la izquierda abertzale y cambiar con ello el clima del país dibujando un horizonte diferente. Como tribunal que es, Estrasburgo no entra en disquisiciones políticas sino técnico-jurídicas, pero este fallo viene a ser la certificación de que sí; diez años después ya no hay margen alguno para seguir negando la realidad. ETA ya no vale para justificarlo todo, ETA ni siquiera existe ya. El trasatlántico no solo completó su giro, sino que zarpó, y dejó al Estado que intentaba impedirlo con las amarras en la mano, anclado a sus propias trampas antidemocráticas.

Lo de menos quizás sea el brazo ejecutor, pero como la sentencia se basa en ello, hay que recordar a quién se encargó el juicio. En aquel 2011, la Sección Cuarta de la AN era la que había condenado a la entonces alcaldesa de Hernani y ahora diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, por un «maite zaituztegu», lo que luego revocó el Supremo. Acababa de recibir otro varapalo del mismo Alto Tribunal por condenar a cuatro vascos en base a declaraciones exclusivamente policiales durante la incomunicación. A la presidenta de la sala, Ángela Murillo, se le había tumbado una condena al propio Otegi por «prejuicio», caso que luego juzgó otro tribunal y concluyó en absolución. Otra jueza de la sala, Teresa Palacios, pertenecía igualmente al ala más dura de la AN...

Con esa composición, no es ya que la condena fuera segura, sino que si el Supremo no hubiera reducido la pena, hoy día Arnaldo Otegi y Rafa Díez aún seguirían presos. Les quedarían uno o dos años de cárcel, con lo que esta resolución no sería un varapalo notable, sino un escándalo tremendo.

Si en 2009 la redada había pretendido frenar la difusión de la ponencia de debate sin lograrlo (llegaron minutos tarde), la condena de 2011 buscó impedir que el giro estratégico culminara del todo. Y aquí toca recordar que Otegi se la jugó, convirtiendo la vista en un ejercicio de pedagogía sobre la apuesta política, aun a costa de sufrir el seguro martirio español y de exponerse también al escarnio de sectores de la izquierda abertzale críticos con la nueva estrategia.

Tampoco está de más rememorar que la AN dictó la condena apenas un mes antes de Aiete, tratando de frenar lo que venía. Intento baldío, como cuando en 2013 el Constitucional denegó las excarcelaciones pese a admitir a trámite el recurso o como cuando en 2016 se vetó a Otegi aspirar a lehendakari o simple parlamentario. Lo había dicho el principal acusado en la sala en 2011, en la primera respuesta al fiscal: «La diferencia entre lo que dice usted y lo que digo yo es que ha pasado lo que digo yo». Hoy, 2018, esto es tan claro que lo ve toda Europa y quien lo niegue en Madrid o lo silencie en Euskal Herria solo busca ventaja política.