Beñat ZALDUA
DONOSTIA

Marchena sustituye a Lesmes en el CGPJ y no presidirá el juicio al 1-O

PSOE y PP pactan situar al conservador Manuel Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial, que sin embargo tendrá una mayoría del gusto del PSOE. El magistrado Andrés Martínez Arrieta sustituirá a Marchena al frente del juicio contra el referéndum del 1-O. Entra como vocal la navarra Esther Erice.

Cualquier cambio en la cúpula de una institución fuertemente jerárquica tiene su impacto sobre el resto de la estructura. El poder judicial español no es una excepción. La salida de Carlos Lesmes de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya prevista pero acelerada por el espectáculo de la sentencia sobre el impuesto a las hipotecas, ha generado varios movimientos en cadena, empezando por la elección de su sustituto. Según se supo ayer, será Manuel Marchena el que ocupe la presidencia del Tribunal Supremo y, por ende, del CGPJ, dado que ambos cargos van de la mano.

Hubo quien se sorprendió de que el Gobierno del PSOE pactase con el PP elevar a la presidencia del poder judicial a un juez abiertamente conservador como Marchena, pero hay que recordar que el PP retiene la mayoría en el Senado, que se encarga de nombrar a 10 de los 20 vocales del CGPJ. La negociación, por tanto, era inevitable. A cambio del nombramiento de Marchena, el PSOE logra que el nuevo Consejo tenga una mayoría «progresista» de 11 vocales.

En realidad, el escándalo es otro, aunque apenas fuese subrayado ayer. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que el Congreso y el Senado se limitan a elegir a los 20 vocales, y que la elección del presidente del TS y del CGPJ es una prerrogativa de dichos vocales, no de los partidos políticos ni del poder legislativo. Lejos de guardar las formas, son los partidos los que desde hace tiempo negocian la presidencia del poder judicial. Si nada cambia, la componenda será más escandalosa si cabe en esta ocasión, dado que serán los jueces considerados progresistas los que harán presidente a un conservador en obediencia a un acuerdo partidista.

Entra Martínez Arrieta

El nombramiento de Marchena, a falta de materializarse, supondrá a su vez su salida del tribunal que juzgará a los dirigentes catalanes por el 1-O. Según se supo ayer, será el magistrado Andrés Martínez Arrieta, más «centrista»que Marchena según la versión de los medios madrileños, quien presidirá el tribunal contra el referéndum catalán. Martínez Arrieta ya formaba parte de dicho tribunal, por lo que el hueco restante lo ocupará Susana Polo, alineada con el sector progresista.

La caverna mediática apenas tardó unos minutos en denunciar que los movimientos desencadenados dejan un tribunal más a la izquierda para juzgar el 1-O, si bien el historial de Martínez Arrieta permite mantener el escepticismo. Un rápido vistazo a su carrera, que le llevó a Azpeitia durante un breve periodo de tiempo a principios de los años 80, sirve para encontrar su participación en sentencias como la que absolvió en el TS a los guardias civiles condenados en primera instancia por torturas a Portu y Sarasola, y por la cual el Estado se llevó un revés en Estrasburgo. Martínez Arrieta también fue uno de los tres jueces del TS que, tras votar al principio a favor de descontar los años de condena cumplidos en otros estados, cambió de parecer con el caso del preso vasco Kepa Pikabea, apuntalando así la tesis del Gobierno de Rajoy.

Esther Erice, vocal

Cabe destacar, por otro lado, que entre los nuevos vocales del CGPJ estará la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice. Miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, está especializada en violencia machista y defendió que el caso de Altsasu no era terrorismo sino que debía juzgarse en Nafarroa.

 

El Tribunal de Cuentas culmina la venganza contra Mas por el 9N

Cuatro años después y por la puerta de atrás, el Estado español confirmó ayer el castigo económico contra los impulsores institucionales de la consulta soberanista catalana del 9 de noviembre de 2014. Haciendo caso omiso a la Audiencia de Barcelona, que decidió no procesar a los imputados por el delito de malversación de caudales públicos, el Tribunal de Cuentas decidió ayer dar la razón a la Fiscalía e imponer un castigo de 4,9 millones de euros al president Artur Mas, a su vicepresidenta, Joana Ortega, y a sus consellers Francesc Homs e Irene Rigau.

Aunque los condenados son en total diez, el responsable último de todo el gasto del 9N es Mas, por lo que establece que, en último término, es el expresident el que debe garantizar el pago del dinero. «Estos demandados eran los máximos responsables de dichas decisiones de gasto y actividad económico-financiera», recoge la sentencia del Tribunal de Cuentas en referencia a los gastos en ordenadores y logística que acarreó aquel proceso participativo.

Mas, Ortega, Homs y Rigau anunciaron ayer que recurrirán la sentencia. Aunque tienen convocada una comparecencia para hoy, ayer ya avanzaron a través de un comunicado que no aceptan una sentencia que tildan de «aberración jurídica», al considerar que el tribunal «pretende un escarmiento y un aviso a navegantes». B.Z.