Nos encaminamos hacia un futuro en el que la esperanza de vida de la ciudadanía se prolonga año a año, con lo que ello supone de incremento del montante destinado a pensiones, aumento del gasto sanitario y mayor requerimiento de asistencia social. Para algunos, un gran problema. Pero lo que sí supone es una gran demanda de recursos.

Paralelamente, fruto del cambio de modelo familiar, crece el número de personas mayores que viven solas, lo que conlleva un incremento en los gastos para vivir con dignidad junto a una rebaja de los ingresos.

La solución de las administraciones es complementar las rentas hasta un mínimo vital y ofrecer centros de día y residencias, ya sean públicas o concertadas. Estas últimas son vistas como un lucrativo negocio con plazas de en torno a los 3.000 euros mensuales y, debido a la escasez de plazas públicas, con convenios con la Administración que les reportan miles de euros y grandes beneficios.

En todo caso, el dinero sale del bolsillos de los contribuyentes, sin que ni siquiera nos planteemos cómo garantizar(nos) una mejor calidad de vida ante el envejecimiento. Existen otros modelos más solidarios y participativos, que evitan la soledad y promueven las relaciones humanas, como el de la vivienda colaborativa que se aplica en el norte de Europa y se basa en la autogestión. Pero en este país sabemos que todo lo que escapa al control de los poderes públicos es una amenaza.

Se trata, pues, de optar entre el envejecimiento como el nuevo negocio del siglo XXI o como la necesidad de vivir con dignidad y decisión más allá de los 65 años.