EDITORIALA
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Condena a un pederasta que delata otros silencios

La Audiencia de Bizkaia condenó ayer a 11 años de prisión a un exprofesor del colegio Gaztelueta por abusos sexuales continuados contra un alumno del que era preceptor entre 2008 y 2010. La familia del joven ha mostrado su satisfacción porque considera se ha hecho justicia, aunque reclama también al centro una reparación moral. Y cree importante este fallo para que las víctimas se animen a denunciar unos abusos que además del dolor que provocan en la víctima suelen llevar aparejados sentimientos de culpa y vergüenza que impiden o dificultan enormemente iniciar un proceso judicial.

La sentencia también deja en muy mal lugar a este colegio concertado del Opus Dei al señalar que su investigación no fue «ni rigurosa ni seria». Afirmación que viene a dar la razón al secretario general de la Conferencia Episcopal que esta semana admitía «inacción» y «silencio cómplice» en los casos de pederastia. En su caso lo hacía para culpar a toda la sociedad y diluir de este modo la responsabilidad de la Iglesia, que no ha sido solamente de omisión, sino que en muchos casos ha encubierto a los criminales para que pudieran sustraerse a la acción de la justicia terrenal. Así lo atestigua también la familia de este joven que denunció una reunión con el sacerdote Silverio Nieto, ahora elevado a la comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal, cuyo único objetivo parecía ser obtener información del padre y no contribuir al esclarecimiento del caso. Por si fuera poco, el proceso canónico en este caso fue archivado sin investigación.

La Iglesia tiene mucho que hacer para poner ante la justicia a los acusados y dar credibilidad a la voluntad de acabar con la pederastia que proclama. Pero también las instituciones vascas deben actuar, especialmente cuando se trata de un colegio concertado que recibe fondos públicos y no investiga las denuncias de abusos. Y a la sociedad le compete vigilar para que no se repita un asunto gravísimo, de tolerancia cero.