La sala de plenos del Tribunal Supremo, ya sin el crucifijo que lo decora desde los años 40 –está oficialmente en restauración–, acogió ayer una vista previa del juicio contra el independentismo catalán. La cuestión a debatir era la competencia del propio TS para juzgar a los dirigentes catalanes, pero ante la previsibilidad de la decisión que tomará el tribunal tras escuchar a las partes, la sesión se convirtió en un ensayo general del juicio. Un breve adelanto de las largas sesiones que se celebrarán en el Supremo a partir de enero –la fecha concreta está todavía por decidir–.

Porque resulta impensable que el tribunal presidido por Manuel Marchena, frustrado candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), vaya a renunciar ahora al juicio que lleva meses preparando. Baste señalar que, según el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, el TS ya ha empezado a citar para febrero a algunos de los testimonios de la acusación.

En la vetusta sala del convento de las Salesas Reales de Madrid, sede del más alto tribunal judicial español, las defensas de los 28 acusados defendieron ayer la inexistencia del delito de rebelión, así como la vulneración de derechos que supone el hecho de que vayan a ser juzgados en el Supremo y no el TSJC. Una vulneración del derecho al juez natural ordinario que según Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, «vulnera otros derechos fundamentales, como el derecho a la segunda instancia». Es decir, al ser el Supremo la última instancia de la estructura judicial española antes de acudir al Tribunal Constitucional y a los juzgados internacionales, los abogados denuncian que los dirigentes juzgados no podrán recurrir la posible sentencia ante otra instancia del poder judicial español.

«De todos los tribunales posibles para conocer el presente procedimiento –Juzgado de Instrucción, Audiencia de Barcelona, TSJC y TS– se ha optado excepcionalmente por el tribunal más cercano al fiscal que presentó la querella y más sensible a las influencias del poder político y económico», añadió Roig.

Por el contrario, el fiscal Jaime Moreno insistió en la existencia de la violencia que sustenta la acusación de rebelión y defendió que es el Supremo el que debe juzgar a los dirigentes catalanes, al considerar que los hechos juzgados superan el ámbito territorial catalán. Un extremo que sustentó con argumentos cuestionables –por ejemplo, la estrategia de internacionalización del proceso seguida por el independentismo– y con falsedades como que la declaración de independencia publicada por el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) afectaba a todo el territorio del Estado –es mentira que la declaración se publicase en el DOGC–. Se espera que, junto a la decisión sobre su competencia, el TS ponga fecha a la vista oral.