Diez años después de que una decisión marco europea abocase a los estados a descontar condenas cumplidas en otros estados, lograrlo sigue siendo una quimera en el Estado español para los presos vascos. El ardid legal forzado por el PP en el Senado en 2014 vació de contenido ese criterio, Estrasburgo rechazó en octubre los recursos de presos vascos sin entrar al fondo del asunto, y ayer el Congreso desestimó la opción de corregir aquella polémica trasposición legal.

Queda un posible camino al que sí se mostró abierto el PSOE, pero cuya materialización es dudosa: que alguna instancia eleve la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo), como instancia competente para establecer si una decisión marco europea está bien o mal trasladada a la legislación estatal. Es lo que en su día estuvieron a punto de hacer tribunales españoles, fuertemente divididos sobre la artimaña del PP.

El PNV llevó ayer al Congreso una propuesta de reforma de la polémica Ley 7/2014, que alarga el encarcelamiento de decenas de presos vascos. El pasado mes de octubre, frente a los recursos de algunos de ellos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eludió posicionarse y se limitó a rechazar las demandas. Ahí estaba el germen de este intento de corregir la situación, pero se topó con la mayoría de la Cámara Baja española: 91 votos a favor, 163 en contra y 84 abstenciones. Eran las del PSOE, que optó por lavarse las manos.

Su voto resultaba imprescindible para que la propuesta de reforma se abordara, pero el diputado Gregorio Cámara vino a dar por buenas tanto la sentencia de Estrasburgo como la Ley 7/2014, aferrándose a que tuvo amplia mayoría y no fue cuestionada en el primer momento.

En la defensa de la propuesta, el jelkide Mikel Legarda puso el acento en que esa artimaña jurídica «está afectando significativamente la unidad de Derecho de la Unión», y añadió como prueba que en ningún otro Estado se establecieron limitaciones como las interpuestas en el español. También evocó cómo el 40% del Supremo expresó su discrepancia con lo que se había hecho, y concluyó así: «Otra aplicación es posible».

Entre quienes apoyaban esta reforma figura EH Bildu, que dijo por boca de Marian Beitialarrangoitia que solo pueden sentirse satisfechos con la vista gorda de Estrasburgo los que entienden la política carcelaria «como venganza».

También Unidos Podemos la respaldó. Su diputado Jaume Moya apuntó que siete de cada diez euros en sanciones de la UE por incumplimiento de normativas comunitarias recaen sobre el Estado español: «Basta de multas, dejemos de hacer el ridículo», planteó.

Por contra, tanto Ciudadanos como PP se revolvieron contra la propuesta y contra el PNV. Juan Carlos Girauta (C’s) se aferró a que «Estrasburgo ya se ha pronunciado» ante Santi Arrozpide, apostillando que «recurrir es un derecho que tienen hasta los carniceros». Añadió que «es una vergüenza» que Legarda no hiciera excesivo hincapié en que existe ese fallo europeo.

Leopoldo Barreda (PP), por su parte, se dirigió al jelkide en estos términos: «¿Qué les debe su partido a los presos de ETA? Ustedes tienen un cupo determinado de iniciativas y es sorprendente que las dediquen a esto. Como demócratas deberían avergonzarse».

Rechazo también a estudiar las torturas, en un debate al que se coló el rostro de Unai Romano

El Congreso de los Diputados pasó su rodillo igualmente sobre otra propuesta del PNV para estudiar la tortura. Ninguno de los matices puestos por el diputado Mikel Legarda para facilitarla, como insistir en que no se trataba de señalar a los torturadores («una ínfima minoría de funcionarios públicos») sino de reconocer a las víctimas, fue atendido. PP, PSOE y C’s se escudaron en que ya hay tribunales capaces de depurar responsabilidades si las hubiera, obviando que ya hay nueve condenas europeas que delatan precisamente que no se investiga.

Lo que venía a plantear Legarda remitía obviamente al informe encargado por Lakua y realizado por el equipo de Paco Etxeberria, aunque el diputado del PNV ni siquiera lo citó en su intervención. Sí lo hizo desde EH Bildu Marian Beitialarrangoitia para recordar que refirió 4.113 casos, por lo que en ningún caso cabe citar esta práctica como esporádica.

Destacó por su impacto la intervención de Gabriel Rufián (ERC), que se limitó a leer un testimonio detallado de torturas de 2001 para terminar destapando quién era su protagonista: Unai Romano, cuyo rostro deformado mostró al Pleno. En la Cámara se hizo un silencio incómodo. Los intervinientes posteriores de C’s y PP le replicaron eludiendo este caso y citando a ETA.

Desde Unidos Podemos, Alicia Ramos tildó la tortura de «fallo multiorgánico de la democracia» enumerando varios casos producidos en el Estado, ninguno de ellos vasco.

Beitialarrangoitia, por su parte, trajo a colación que hay más de un centenar de torturadores que han sido condecorados. Y EH Bildu se abstuvo finalmente (dado que su petición de votar por puntos la iniciativa no fue atendida) desde la consideración de que «esta moción puede ofrecer verdad, pero hay una insoportable renuncia a imponer justicia. Se mantiene la categorización entre víctimas: con ella habrá torturados pero no torturadores».R.S.