Las cuestiones relacionadas con la migración siguen marcando las agendas políticas en todos los países del mundo y su importancia no deja de crecer. Y sin embargo, los datos de la ONU apuntan a que el número de personas migrantes no ha aumentado significativamente. En 2017 su proporción rondó el 3,4% de la población mundial total. En el año 2000 esa cota era del 2,8% y en 1980 del 2,3%. Aumenta el número de personas migrantes, pero no de forma desbocada.

Con todo, fue en septiembre de 2016 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó por primera vez un conjunto de medidas sobre migrantes y refugiados. Aquellas medidas se han concretado en el pacto migratorio acordado en Marrakech hace una semana y que fue votado ayer en la Asamblea General de la ONU. Contó con el apoyo de 152 países, el voto en contra de cinco y la abstención de otros doce Estados. Llaman poderosamente la atención los votos negativos y las abstenciones, sobre todo considerando que lo aprobado es un conjunto de 23 objetivos que dibujan un marco para la cooperación y que no vinculan legalmente a nadie. El resultado es todo un síntoma de que en algunos países el debate sobre la migración ha perdido todo atisbo de racionalidad y se ha convertido en una bandera utilizada por la extrema derecha para asustar, dividir y obtener votos fáciles. Fue, por ejemplo, una de las reclamaciones de los que apoyaron el Brexit, y ayer Theresa May corroboró sin pelos en la lengua que su objetivo es reducir el número de extranjeros.

Tampoco ayuda a situar el debate en sus justos términos el hecho de vincularlo a ciertas necesidades, como hace Alemania, que ayer aprobó un proyecto para fomentar la inmigración de trabajadores cualificados porque, al parecer, existen cerca de 800.000 puestos de trabajo vacantes en el país. Tal vez si el orden económico internacional fuera un poco más justo, esas necesidades desaparecerían, y con ellas las penurias de muchas personas que emigran.