Hace ya algún tiempo que todas las cajas de ahorros vascas, cuya misión era ofrecer servicios financieros a la gente más humilde, fueron liquidadas. Los restos de lo que fue la mitad del sistema financiero se ofrecieron a los bancos o pasaron a depender de unas fundaciones bancarias totalmente opacas en una privatización sin precedentes este siglo. Sin embargo, lo ocurrido durante la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica, y las responsabilidades que se derivan de todo ello, está todavía lejos de haber sido aclarado. Comisiones de investigación como la puesta en marcha en Nafarroa siguen siendo imprescindibles para tratar de esclarecer lo sucedido.

Ayer compareció en el Parlamento el exconsejero de Economía y Hacienda, Alvaro Miranda, que aunque no aportó grandes novedades, de su discurso si se pueden extraer algunas conclusiones sobre el modo en el que el régimen manejó la Caja de Ahorros de Navarra. Reconoció abiertamente que a pesar de que el Gobierno Foral tenía competencia para inspeccionar la CAN nunca lo hizo. Sorprende la renuncia de un político a ejercer una competencia que le corresponde. Todavía más sorprendente es el desinterés por conocer la situación de una entidad que formaba parte del común de la ciudadanía navarra y esa desidia le califica como político. Pero lo más increíble es que luego considerara un error que la ciudadanía se enterara de que la caja había quebrado sin ninguna explicación. Más que un error es la consecuencia lógica de no hubiera ejercido la competencia de supervisión que le correspondía. Difícilmente podría haber hecho o dicho otra cosa si no conocía la situación real de la caja.

Organizar reuniones con el único fin de cobrar dietas es la expresión más gráfica de una forma de hacer política que considera lo público como fuente de beneficio personal. Pero a largo plazo resulta mucho más grave y dañina la renuncia a ejercer las competencias para las que un político ha sido elegido por la ciudadanía.