2018/12/27

Erreportajea
EL BUCLE LIBIO (II)
EUROPA, CADA VEZ MÁS LEJOS

Mientras la orilla norte del Mediterráneo se blinda para detener la llegada de migrantes, locales y foráneos intentan gestionar una situación cada vez más dramática en la costa libia

Karlos ZURUTUZA
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Es fácil dar con ellos. Se alinean día tras día en el arcén de la carretera que une la plaza de los Mártires con la mezquita que la guerra dejó en ruinas antes de que la terminaran. Basta con pararse a hablar con cualquiera de los migrantes que esperan un trabajo ocasional en construcción, y se forma un corro en cuestión de segundos.

«¿Es cierto que Italia ha cerrado sus puertos? ¿Son los guardacostas libios tan efectivos como dicen? ¿Sigue habiendo barcos de rescate?», Las preguntas se acumulan a medida que otros se unen al grupo.

Desde que dejó su hogar en Guinea en 2015, Emile dice que cruzó Senegal, Gambia, Mali, Argelia y Marruecos antes de su primer intento de llegar a Europa:

«Intenté cruzar en Tánger en ferris, y luego en barco a Ceuta. Después del tercer intento, la policía marroquí me llevó a un centro de detención en Casablanca con muchos otros», recuerda este chaval de 21 años. Tras ser liberado, cruzó el desierto argelino para llegar a Libia, donde fue secuestrado una vez y arrestado dos. Emil dice que conoce las políticas de Salvini, y también que hay «más guardias costeros libios que ONG». A pesar de todo, intentará llegar a Europa.

Otros no lo ven tan claro. Después de varios meses luchando por reunir el dinero para saltar a una patera, Sammy dice que los cambios en el Mediterráneo le han hecho cambiar de planes.

«Solo quiero registrarme con Naciones Unidas para poder ser repatriado a Nigeria, pero todavía no se lo he dicho a mis padres», explica este nigeriano de 23 años. Dice que sigue la actualidad a través de Internet.

«Los que hablamos inglés obtenemos información actualizada, pero los hablantes de francés y, muy especialmente, los que solo hablan árabe como esos tipos de allí apenas se enteran de lo que está pasando», apunta, señalando a un grupo de sudaneses a pocos metros.

«¿Tiene algún contacto en la ONU para que me pueda registrar y volver a casa?», interviene un camerunés. Su nombre es Daniel y dice que cojea desde que recibió un disparo en la pierna en Trípoli hace tres meses.

Compraventa

Mientras los cientos de migrantes esperan trabajar en la plaza de los Mártires sin ser molestados por las autoridades locales, los que son detenidos por la Policía dentro de la cadena del tráfico son trasladados al centro de detención local.

Desde su despacho en este centro levantado el año pasado en el edificio de una antigua prisión, Anwar Abudi, su director, habla de 300 individuos «llegados de toda África». 25 son mujeres y hay siete niños incluyendo al que nació ayer mismo. La madre descansa en una celda en la que hay comida de sobra junto a otras tres. Abudi dice que no quería dejarla sola con el bebé; que la criatura es probablemente fruto de una violación y se convierte en un lastre más en la pesadilla que vive esta gente. El resto de las migrantes, todas subsaharianas, pasean o duermen entre el pasillo y las celdas abiertas. No parecen asustadas ante la presencia de los guardias. Hadija, una gambiana de 25 años dice que nadie le ha puesto la mano encima allí. A su lado, Nelly, de Sierra Leona, asiente.

El de cárceles y centros de detención puede ser un gran negocio en Libia. Abudi dice que dos semanas atrás recibieron una oferta de la cárcel de Gheryan, a 80 km al sur de Trípoli. Ofrecían 50 dólares por cada migrante, lo cual habría sumado un montante de 15.000 dólares, pero Abudi y los suyos se negaron. Organizaciones tanto locales como internacionales llevan años denunciando que miles de individuos permanecen detenidos sin cargos entre sospechosos de haber apoyado a Gadafi, criminales comunes o simples migrantes. Prisiones como las de Gheryan cobran del Ministerio del Interior una cantidad diaria por cada reo en torno a los 30 euros, lo que convierte a los internos en una fuente de dinero que se agota si estos son liberados.

Además de una gran suma, vender a los migrantes habría supuesto librarse de muchos quebraderos de cabeza para los funcionarios de Zuwara.

«Toda la ayuda internacional, sea en forma de dinero, material o vehículos tiene que pasar por Trípoli pero nunca sale de ahí; aquí nunca llega nada», explica el funcionario, mientras camina hacia el ala donde se alojan los hombres. Somalíes, eritreos, nigerianos, cameruneses… La mayoría dice haberse registrado con la agencia para los refugiados de Naciones Unidas para volver a casa. «Esto no es más que un callejón sin salida», suelta alguien. Abudi asegura que tres cuartas partes de los internos que ha tenido este año han sido repatriados, pero que las demoras son la norma.

«Los que llevan mucho tiempo esperando acaban contagiándose las enfermedades unos a otros y no tenemos medicinas ni para los recién llegados», apunta el funcionario. Hay tres veinteañeros yemeníes entre los que llevan meses en el centro. Tanto ellos como Abudi dicen desconocer cuál será su destino. Volver a un país que está sufriendo una de las guerras más sangrantes a día de hoy no es una opción.

Colapso

Desde el puerto de Zuwara, Assem Tor, comandante en jefe de los guardacostas locales, suscribe el discurso del centro de detención sobre el abandono de Trípoli. Según dice, Zuwara aún no ha recibido ni entrenamiento ni material de ninguna clase.

En octubre de 2016, 89 cadetes y oficiales libios formaron el primer grupo para recibir formación en el marco de la llamada «Operación Sofía», la misión naval conjunta de la UE para combatir el tráfico de armas y personas en el Mediterráneo central. Dos años más tarde, el controvertido contingente cuenta con alrededor de 300 guardiamarinas a bordo de varios buques donados por Italia.

«Las listas de quienes reciben formación de la UE se hacen en Trípoli; todos son familiares y amigos de los que están en el poder en la capital», denuncia Tor, justo al lado de un bote inflable rígido (RIB). Es la única nave operativa bajo su mando. El funcionario explica que sus hombres rescataron «a unas 200 personas» a principios de 2018, pero eso ha sido todo.

«Aquí solo recibimos promesas pero nada más», dice Tor, que no puede competir con los barcos italianos mucho más grandes y veloces de los «enchufados». En Zuwara ya no hay rescates, al menos no desde ese bote.

Ni las acusaciones de corrupción –que incluyen vínculos con las mismas mafias del tráfico– ni los numerosos incidentes entre la flota libia y ONG que participan en misiones de búsqueda y rescate han socavado el apoyo de la UE a los guardacostas libios. Este periodista pidió una entrevista con los responsables de Sophia en diciembre de 2016 pero, hasta la fecha, la misión conjunta europea no ha hablado ni con GARA ni con nadie. El secretismo y la opacidad parecen la tónica a seguir desde Bruselas. A las cada vez mayores trabas burocráticas a las ONGs de rescate se le suma el veto a los periodistas, a quienes se niega el visado para trabajar en el país desde finales de 2016. Fuentes de Trípoli aseguran que las órdenes llegan de la orilla norte del Mediterráneo.

«Estamos al borde del colapso», asegura Sadiq Jiash, jefe del comité de emergencia de Zuwara, desde su sede en las afueras de la ciudad. Jiash apunta a una «creciente» lista de crisis que su equipo ha de gestionar: desde el desastre ambiental debido a una planta petroquímica abandonada en el oeste y una refinería de gas y petróleo administrada por la corporación italiana ENI en el este, a docenas de familias tuareg que llegan desde el sur de Libia huyendo de la guerra. También está el cementerio improvisado para los migrantes, los problemas causados por el contrabando de petróleo a través de la frontera con Túnez y, por supuesto, el tráfico de personas.

Tráfico

Durante muchos años, Zuwara fue uno de los principales puntos de partida para migrantes hasta que la sociedad civil respaldó una brigada conocida como «los Enmascarados» en 2015 para hacer frente a la emergencia. El arresto de muchos contrabandistas redujo el tráfico de personas hasta cifras prácticamente residuales. Sin embargo, la exitosa unidad fue redesplegada el año pasado en la frontera con Túnez para monitorear la seguridad en el área, dejando la playa nuevamente sin vigilancia. Los traficantes de personas no tardaron en volver.

GARA tuvo la oportunidad de hablar vía telefónica con dos individuos que afirmaban enviar a migrantes a Europa a través del Mediterráneo. El primero se presentó a sí mismo como «un tipo normal de 24 años de Zuwara» y aseguró que había estado contrabandeando con petróleo con buques malteses hasta el año pasado. En octubre de 2017, el asesinato de Daphne Caruana –una periodista maltesa que estaba investigando un escándalo de corrupción que involucraba a políticos de alto rango en Malta– desembocó en un mayor control del tráfico marítimo alrededor de la isla. El traficante dijo haberse visto «obligado a recurrir a la trata de personas porque el petróleo ya no era una opción viable».

«Mis tarifas oscilan entre 2.000 y 8.000 dinares, dependiendo del color de la piel: cuanto más oscuro, más barato, por lo que somalíes o eritreos pagan mucho menos que los marroquíes», señaló el traficante. Preguntado por su responsabilidad tras el ahogamiento de los migrantes, el zuarí negó que le hubiera sucedido hasta la fecha. «Mis botes nunca salen sobrecargados y me mantengo en contacto con los clientes durante todo el viaje por teléfono satélite», subrayó.

El segundo traficante entrevistado por este medio presumía de haber enviado con éxito a más de 7.000 personas a Europa durante los últimos 15 años. Siempre según su propia versión, solo había interrumpido su actividad durante los nueve meses que había pasado en la cárcel improvisada de Zuwara tras ser arrestado por los Enmascarados.

«Hay gente que pide un servicio y yo se lo ofrezco. Y si los clientes son interceptados, basta con pagar 3.000 dinares por cada uno a los guardacostas o al centro de detención para que la fiesta continúe», apostilló el traficante, justo antes de colgar.