La Fiscalía y las acusaciones en nombre de la víctima y las instituciones navarras (Gobierno y Ayuntamiento de Iruñea) pidieron ayer que los miembros de «La Manada» vuelvan a ingresar en prisión después de que el Tribunal Superior Justicia de Nafarroa (TSJN) confirmase a principios de mes la condena de nueve años de prisión por «abusos sexuales» a una joven madrileña en los sanfermines de 2016 y constatar que existe un elevado riesgo de fuga para tratar de eludir esta pena.

La defensa de los miembros de «La Manada», en cambio, reclamó que se mantenga la libertad provisional con medidas cautelares con el argumento de que la sentencia no es todavía firme, ya que quedan pendientes recursos en el Tribunal Supremo español.

La posición de las partes era conocida de antemano y la vistilla que tuvo lugar ayer en el Palacio de Justicia de Iruñea para analizar la suspensión o no de la libertad condicional de los miembros de «La Manada» no se demoró más allá de 40 minutos. Los condenados no acudieron a la capital navarra, sino que siguieron las deliberaciones de la vistilla desde el Palacio de Justicia de Sevilla, al que tienen que acudir a firmar tres días a la semana como parte de las medidas cautelares de la libertad condicional. Ayer era miércoles, uno de los días que tienen que ir a firmar, y se quedaron en las dependencias judiciales para ver las evoluciones de la vistilla.

Tras la vistilla de ayer, corresponde a la Sección Segunda de la Audiencia navarra decidir si los miembros de «La Manada» vuelven a prisión o no. No tienen un plazo definido para tomar esta decisión. Puede ser esta misma semana, la siguiente o a la otra. Cuando los integrantes del tribunal tomen una decisión, la darán a conocer.

Realmente, lo que sucedió ayer en la Audiencia de Iruñea es un trámite judicial, en el que no hubo novedades respecto a las posiciones de las partes desde que se conoció la confirmación de la sentencia por parte del TSJN. Sin embargo, despertó un gran interés mediático.

A su llegada al Palacio de Justicia de Iruñea, Carlos Bacaicoa, el abogado de la víctima, mostró su confianza en que la Sección Segunda de la Audiencia navarra decrete el ingreso en prisión de los condenados. Según el criterio de este abogado, «no hay ninguna posibilidad» de que la sentencia se modifique por el recurso en el Supremo y que en el caso de que haya cambios serán para endurecer más la sentencia.

Miguel Ángel Morán, también abogado de la víctima, señaló a los medios que «la condena tienen que empezar a cumplirse ya», tras la confirmación de la sentencia del TSJN. «No puede dejarse esa ejecución de pena como algo virtual, sino que tendrán que empezar a cumplirla aplicando la ley». Añadió que los argumentos empleados en la vistilla para pedir el retorno a prisión de los miembros de «La Manada» fueron el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.

Junto a ello, señaló que la víctima está tranquila y que tras la confirmación de sentencia del TSJN, la Sección Segunda de la Audiencia navarra debería cambiar de criterio respecto a la prisión provisional que decretó en junio. Anunció un recurso si este cambio de criterio no se hace efectivo.

Como era previsible, el abogado de los miembros de «La Manada», Agustín Martínez Becerra, ve la cuestión de una manera diametralmente opuesta, hasta el punto de que el mediático letrado calificó de «peregrinos y ridículos» los argumentos de las acusaciones para reclamar el retorno a prisión de sus patrocinados.

«El auto del mes de junio [de puesta en libertad] dejaba perfectamente claro, y además es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que mientras existe la pendencia del juicio, es decir, que mientras la sentencia no sea firme, la prisión provisional tienen que convertirse en excepcional», señaló.

Junto a ello, señaló a los medios que «algún argumento de las acusaciones no deja de ser pintoresco» y destacó que desde que los miembros de «La Manada» fueron puestos en libertad condicional en junio «no se ha modificado nada» respecto a su situación procesal, a pesar de la confirmación de la sentencia por parte del TSJN.

Los letrados del Ayuntamiento de Iruñea, Víctor Sarasa, y del Gobierno navarro, Ildefonso Sebastián, incidieron en el incremente del riesgo de fuga tras la confirmación de la sentencia.