A más de dos años de la firma de los acuerdos de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, la reincorporación a la vida civil y económica de los excombatientes camina muy lentamente con retrasos intencionados en la tramitación de los proyectos productivos que los exguerrilleros están presentando. Una estrategia bien pensada para causar frustración, hastío y malestar, y que el colectivo se disgregue y cada uno tire por su lado. La vieja táctica de «divide y vencerás». A esta situación se añade la falta de garantías en materia se seguridad.

Desde la firma de la paz, han matado a un centenar de exguerrilleros. Y en los seis primeros días de 2019, mataron a seis líderes de derechos humanos, uno cada 24 horas. También atentaron contra la madre de una víctima de los llamados «falsos positivos», jóvenes presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dado la voz de alarma ante el aumento de esos ataques, lo que ha obligado al Gobierno y a instituciones como la Fiscalía a reconocer el carácter sistemático de los mismos, extremo que la institucionalidad siempre se había afanado en negar. La gravedad de la situación ha obligado al presidente Duque a convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el 30 de enero.

Es obligación de todos, pero principalmente del Estado, impedir que los colombianos revivan el trágico «baile rojo» que acabó la vida de cerca de 5.000 militantes de la Unión Patriótica.