Anteayer el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente en funciones de Venezuela. A renglón seguido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, validó la decisión de Guaidó. También lo hicieron los gobiernos de algunos países que actuaron como verdaderos satélites de Washington. La rapidez del reconocimiento corroboró que nos encontramos ante el enésimo intento de subvertir el orden constitucional en el país caribeño, convertido ya en deseo obsesivo para su vecino del norte. Un intento concertado.

Un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo auspiciado desde el exterior es una clara violación de las más elementales normas de relación entre países y muestra la total degradación del actual entramado de instituciones internacionales. Se trata, además, de una inaceptable injerencia en los asuntos internos de otro Estado con el objeto de socavar su estabilidad, sus leyes y su soberanía. En este caso, la tentativa golpista busca azuzar el enfrentamiento civil en Venezuela con el indisimulado objetivo de que provoque una espiral de violencia en el interior del país que ofrecería la excusa perfecta para otro tipo de intervención. Buscan, en definitiva, un derramamiento de sangre para poner en práctica una solución violenta por encima de la Constitución, las leyes y la democracia.

La solución a cualquier crisis política, en Venezuela y en otros países, pasa por el respeto a la voluntad popular y el diálogo entre las fuerzas políticas. La comunidad internacional debería actuar como facilitadora de estos procesos, rebajando la tensión y estimulando los intentos de diálogo, todo lo contrario de lo que persigue este asalto. Por ello no sorprende que los que apoyan la asonada en Venezuela sean los mismos que prohíben las urnas en Catalunya, niegan cualquier legitimidad al proyecto independentista vasco y piden mano dura contra las disidencias. Cuesta mucho entender qué hace el PNV alineado con todos ellos.