Las Juntas Generales de Bizkaia trataron ayer la cuestión de la renovación del patronato de la fundación bancaria BBK que posee la mayoría del capital de Kutxabank. La petición de EH Bildu para que se actúe con más transparencia y se abran cauces de participación se topó con la oposición del diputado de Hacienda, Jose Maria Iruarrizaga, que negó, además, conocer los planes del patronato de la fundación bancaria.

No obstante, lo más interesante fueron los argumentos que utilizó para justificar la posición del Gobierno foral. Señaló que BBK es una entidad privada sin ánimo de lucro en la que ni partidos políticos ni instituciones pueden intervenir. A continuación añadió que cualquier intento de tutela institucional puede terminar en una intervención del Banco de España. Dando por válido ese razonamiento deberíamos concluir que el proceso de creación de Kutxabank y la transformación de las cajas en fundaciones bancarias fue en realidad una privatización. No se puede denominar de otra forma al traspasó que se produjo de la riqueza pública acumulada por la actividad de las cajas durante años a manos de unos patronos que nadie conoce y que forman un patronato que de manera endogámica elige a sus propios sucesores. Esos patronos, además, disponen de los dividendos del banco según su criterio sin tener la obligación de rendir cuentas a nadie. Colocar a las fundaciones bancarias fuera del escrutinio público es un claro retroceso, tanto en la búsqueda de una gestión más transparente de lo público, como en la democratización de la economía y la búsqueda del bien común.

La gestión de las cajas de ahorros estaba lejos de ser transparente y democrática, pero al menos formalmente sus responsables debían rendir cuentas, y se organizaban complejos procesos electorales. Ahora, al parecer, ni el pueblo del que surgieron las cajas, ni sus representantes pueden tomar parte en nada. Interesante lectura restrictiva de la ley de quien nunca ha dejado de controlarlas.