Llega al Parlamento el coloso de María José Beaumont. Lo hace después de tres años de trabajo en ponencia parlamentaria y tras ser revisado por un consejo de expertos en Derecho Civil Navarro. El tiempo para aprobar un nuevo Fuero va ajustadísimo, pues la consejera de Presidencia, Justicia e Interior anunció también la creación de una comisión para preparar las siguientes elecciones. El Parlamento echa el cierre el 2 de abril y el calendario obligará a sesiones extraordinarias.

Beaumont defendió como viable una aprobación por unanimidad, pues el texto que ha redactado su consejo de expertos se ajusta a las directrices de reforma que, en su día, les entregó el Parlamento. La consejera sostiene que todo el mundo comparte la «necesidad imperiosa» de reescribir un texto que apenas se ha tocado desde tiempos de Franco, en 1973 (la única ocasión fue en 1987, para incluir la posibilidad del aborto). Hubo otro intento de modificación en 2006, pero también falló.

El Derecho Civil es el más usado en el día a día. «¿Quién no ha tenido personalmente, en su casa, o entre su familia y amigos, el problema planteado acerca de si hago o no hago testamento y en su caso, de qué clase? Si puedo modificarlo, si debo hacer herederos a todos mis descendientes, o puedo hacerlo a favor de otra persona, si puedo desheredar a alguien, si tengo que hacer un contrato y en su caso ¿cómo?, si puedo reclamar indemnización para el caso de incumplimiento, ¿qué plazo tengo?», ejemplificaba ayer Beaumont.

La redacción desfasada del texto de 1973, de marcado conservadurismo, obligaba a los jueces a dirimir este tipo de conflictos en función del Código Civil español. La reforma de la consejera incluye una nueva formulación de 500 leyes sobre un total de 596, así como la supresión de distintas instituciones históricas, por desfasadas y hasta misóginas. Otras realidades, como la Casa como sujeto de derechos y deberes, se mantienen por tradición. De hecho, prácticamente se resucitan, puesto que el Fuero había caído en desuso.

El cambio legislativo es tan profundo que se articulará un periodo de seis meses para que los distintos afectados (notarios, juristas...) puedan adaptarse a todos los cambios que conlleva.

La ley llega ahora al Parlamento para su refrendo. La capacidad de hacer ajustes sobre un articulado tan técnico y enraizado con el derecho histórico tiene ciertos límites. «Es como un traje a medida, una ley remite a otra y todo se entrelaza. Si tiras de una manga, la otra se te queda corta», explicó a GARA Isabel Urzainki, una de las integrantes del consejo asesor.

El texto aprobado por el Gobierno Barkos no constituye una actualización para equipararlo con el Código Civil español, sino que lo adelanta, ya que se puso la meta en otros países y códigos más avanzados. Se entra a fondo en la equiparación de derechos de todos los modelos de familia y a clarificar los supuestos de litigio más comunes en caso de ruptura. En particular, se regulan mejor y especifican los derechos de las familias reconstituidas (aquellas formadas por personas que han tenido anteriores parejas e hijos). También supone un revulsivo en la protección de familias monoparentales.

Otro de los puntos en los que ha habido una mayor intervención es en todo lo que tiene que ver con la protección a la discapacidad, integrando nuevas figuras que faciliten el apoyo económico en situaciones de dependencia, así como la protección de la persona con dificultades ante eventuales abusos por parte de terceros.

La norma contiene una vacuna única contra la venta de deudas a los «fondos buitre»

Los cambios más políticos de la nueva redacción del Fuero son aquellos que aparecen en el libro dedicado a Familia y Sucesiones: equiparar hombres y mujeres, dotar de derechos y de posibilidades de acuerdo jurídicoeconómico a las parejas que no optan por el matrimonio, etcétera. Sin embargo, uno de los elementos más llamativos se encuentra en el apartado dedicado a contratos. La ley 511 era una prevención contra la usura, según la cual si el usurero vendía la deuda de un navarro a un tercero, tenía que informar al deudor de esta transacción. En ese caso, este deudor tiene la posibilidad de pagar la misma cantidad y liberarse de la deuda.

La ley se ha adaptado a la realidad actual con vistas a lo que está sucediendo con los llamados «fondos buitre». No cambia el espíritu, pero sí que se clarifica qué documentación y cómo ha de presentarse, a fin de que el afectado pueda ejercer sus derechos con garantías.

En banca, donde los préstamos fallidos se venden con importantísimas quitas a empresas de capital riesgo, este derecho reconocido de los navarros puede tener impacto. Ya en la práctica ordinaria de los juzgados de Iruñea han empezado a aparecer extraños tenedores de deudas personales radicados en paraísos fiscales. Según uno de los miembros del consejo asesor del Fuero, Javier Boneta, no existe una protección así en ninguna otra legislación europea.A. I.