En cuantas películas hemos visto esa bomba con cuenta atrás, en la que las horas y minutos van cayendo como guillotinas, mientras se busca la fórmula para desactivarla antes de que todo salte por los aires. Así está hoy por hoy el Gobierno de Pedro Sánchez, regateando con el independentismo catalán si hay que cortar el cable rojo o el azul, mientras Pablo Casado, Albert Rivera, Santiago Abascal y muchos de los barones del PSOE aporrean un bombo engalanado con la bandera española a su alrededor, haciendo ruido para que nadie pueda entenderse. La cuenta atrás tiene prevista una primera explosión el 13 de febrero, con la votación de la devolución o no al Gobierno de los Presupuestos Generales.

El miércoles, después de que ERC oficializara la presentación de una enmienda a la totalidad, la Moncloa hizo público que está buscando un relator para las negociaciones catalanas lo que según el PDeCAT abría una ventana de esperanza. Hasta el momento, no está clara cuál es su función ni en qué mesa negociadora va a trabajar. La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, tuvo que improvisar ayer una rueda de prensa, para aplacar las iras unionistas, y limitó las funciones de este relator a la coordinación de una mesa de partidos catalanes. Mientras tanto, la consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, reprochó al Ejecutivo español que de cara al exterior cambie lo que hablan en privado, dado que ese relator estaba pensado para un nivel superior de diálogo, puesto que la mesa de partido catalanes ya existe, es un mandato del Parlament, y se reunió anteayer.

Se confunden aquí la búsqueda de soluciones al conflicto del Estado español con Catalunya con la necesidad de Pedro Sánchez de sacar adelante sus cuentas y de mantenerse en la Moncloa. Sin olvidar que de forma simultánea al debate de los PGE comenzará en el Tribunal Supremo el juicio contra los líderes independentistas.

Sánchez, «deslegitimado»

PP, Ciudadanos y Vox, y los enemigos de Sánchez dentro del PSOE no tardaron en ahondar en el nexo de unión entre la «alta traición» ante el independentismo y la acusación de querer seguir con el Falcon y el helicóptero a cualquier precio.

Todo ello, por si fuera poco, en un contexto en el que el ejemplo venezolano lleva a que, por ejemplo, Pablo Casado pueda decir que Pedro Sánchez «es un presidente ilegítimo a partir de ahora, porque eso es estar chantajeado y ceder a la presión de aquellos que quieren romper España». A lo que añade –ya sin freno– que «el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad».

Al mismo tiempo, asegura que «el PP quiere liderar a los constitucionalistas, a la España de los balcones, a la España sensata, a la que ya solo le queda el recurso de salir a la calle para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país».

Recordemos que lo que ha prendido semejante incendio es la simple posibilidad de que haya una especie de coordinador independente en una mesa de partidos, pero puestos a elevar el tono, en la derecha española nadie quiere quedarse atrás.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, llamó a «frenar a Sánchez en las calles», a «defender la Constitución más allá de ideologías o siglas» y a crear un «frente cívico» que diga «basta ya» a este presidente del Gobierno.

Y el líder de Vox, Santiago Abascal, convocó también, a todos los españoles, por encima de las siglas partidistas, a movilizarse para «echar a este Gobierno traidor».

En la plaza del banderón

La convocatoria es el domingo en la plaza de Colón, aquella en la que durante el mandato de José María Aznar se instaló un enorme bandera rojigualda. Pablo Casado contactó con Coalición Canaria, Foro Asturias, el Partido Aragones y UPN invitándoles a sumarse a la concentración, y el partido de Esparza respondió de inmediato con un prietas las filas.

Viendo el tono hiperbólico de los llamamientos realizados, no hay que forzar mucho las cosas para imaginarse a alguien autoproclamándose «presidente encargado» este mismo domingo junto al enhiesto mástil del banderón, y la pelea entre Casado y Rivera sobre si ha de nombrarse a quien más escaños tiene ahora o a quien le condecoran mejores augurios demoscópicos.

Junto a las convocatorias callejeras, para las que el PP está activando ya todas sus estructuras regionales, Pablo Casado anunció que pondrá en marcha todos los mecanismos parlamentarios necesarios para que «la dignidad vuelva al Gobierno de nuestro país» y que «acabe esta ignominiosa actitud de desprecio a la soberanía nacional, a la unidad de España y a la legalidad». Habló de una moción de censura.

Los enemigos de casa

Pero a Pedro Sánchez no solo le muerden los tobillos desde la derecha, también desde el PSOE le criticaron con escasa cortesía.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el de Aragón, Javier Lambán, el extremeño, Guillermo Fernández Vara, y la diputada andaluza Soraya Rodríguez, se revolvieron contra su secretario general y presidente del Gobierno.

Y mientras tanto la cuenta atrás sigue corriendo para los Presupuestos Generales del Estado, para la búsqueda de cauces políticos de resolución del problema territorial que tiene el Estado español y, como se vio de nuevo ayer, para que los discursos políticos se ciñan a los límites de la sensatez.