La pasada semana, a propuesta del PP, el Senado aprobó instar al Gobierno español a «no aceptar el catálogo de competencias propuesto por el Gobierno vasco y que responde a una lectura exclusivamente nacionalista del Estatuto de Gernika». El lehendakari anunció que consideraba grave lo ocurrido y avanzó que lo trasladaría al Consejo de Gobierno de ayer. Tras deliberar sobre qué forma darle a la respuesta, se optó por un acuerdo oficial, del que dio cuenta el portavoz, Josu Erkoreka, en una rueda de prensa en la que por diversos motivos estuvo acompañado de otros tres consejeros.

En este acuerdo, «el Gobierno Vasco denuncia el desleal intento de instrumentalizar el Senado –precisamente la denominada ‘Cámara de representación territorial’–», y considera que la moción aprobada «responde a intereses partidarios coyunturales en lugar de atender a las exigencias estructurales de la convivencia, el respeto mutuo y el bien común».

A partir de ahí, el acuerdo del Ejecutivo de Lakua trata de responder a las falsedades recogidas en la moción presentada por el PP en el Senado y que contó con el apoyo de Ciudadanos, Foro Asturias y UPN.

El texto «desmiente rotundamente» que el catálogo de transferencias pendientes «responda a una lectura exclusivamente nacionalista del Estatuto». Para ello, recuerda que el informe inicial fue aprobado por «una amplísima mayoría del Parlamento» en el que se incluía el PP. El listado contiene, además, competencias que ya tienen otras comunidades.

El acuerdo pone sobre la mesa que cuando se transfiere una competencia se hace con los funcionarios que trabajan en la materia, por lo que «es grave» sostener que no puedan servir con objetividad a los intereses generales, como se sugiere que ocurriría en el caso de transferir la gestión de las cárceles.

El Gobierno de Lakua también niega que el cumplimiento del Estatuto «sea fuente de desigualdades entre las y los ciudadanos del Estado», añadiendo que «sostenerlo supondría demoler el modelo autonómico». Se apoya incluso en doctrina del Tribunal Constitucional.

Ratificación del PP

La secretaria general del PP de la CAV, Amaya Fernández, se ratificó ayer en los contenidos de la moción aprobada en el Senado a iniciativa de su partido. Entrevistada en Radio Euskadi, afirmó que el informe de 37 transferencias pendientes de traspasar es el «informe Erkoreka y del PNV», no «el de los vascos ni del Estatuto de Gernika». «Es –añadió– un informe ficticio que podrá ser discutido y discutible, porque para eso estamos en una democracia».

Amaya Fernández aseguró que «el proceso de transferencias se tiene de acuerdo a lo que delimita el Tribunal Constitucional». «Lo que ocurre es que, cuando el TC no le da la razón al PNV, se pretende sustituir el baremo judicial por uno político», afirmó la dirigente del PP.

A Erkoreka le da la risa

Cuando al portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, le preguntaron ayer si esperaba del PP vasco una actitud distinta a la que se evidenció en Madrid, le dio la risa. «¿Del PP vasco? ¿Otra actitud? –ironizó– No con la que están mostrando últimamente».

Luego recordó que, cuando se aprobó el Informe Zubia en 1993, el portavoz del PP, al que se refirió como Leopoldo Ezequiel María Barreda de los Ríos, hizo una defensa «ardorosa» de la transferencia que ahora rechaza y que insistió en que el informe «no era del Gobierno, sino consensuado en el Parlamento, a través de una lectura compartida».

Por eso el acuerdo de Gobierno se pregunta «qué ha ocurrido entre 1993 y 2019 para que el PP se desmarque tan ostensiblemente de una lectura compartida del Estatuto que suscribió sin reservas ni recelos».

Esperando al primer bloque de transferencias

El último punto del acuerdo «invita al Gobierno español a seguir avanzando firme y comprometidamente en la materialización del calendario de traspasos recientemente elaborado».

Ese calendario establece un primer bloque de siete competencias sobre el que «intercambiar propuestas» a lo largo del mes de febrero. Pero la última hoja del calendario de este mes caerá mañana y hasta el momento Madrid solo ha enviado documentación sobre dos de esas siete transferencias, y el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, afirmó que están en conversaciones con el Gobierno español y que les dicen que el resto llegará esta semana.

Erkoreka comentó que la previsión de acuerdo sobre este bloque estaba fijado para abril de este año, por lo que espera que puedan materializarse antes de que el 28 de ese mes el Gabinete de Pedro Sánchez pase a estar «en funciones» con la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el «horizonte de acuerdo» de estas materias no estaba fijado en abril sino en marzo.

Pese a que Josu Erkoreka apunta que tras la moción aprobada en el Senado el Gobierno español les aseguró que sus planes de transferencias seguían adelante, se observa que ya se están produciendo retrasos con las siete primeras, en teoría las más fáciles. Lakua espera poder materializarlas antes de las elecciones. I. I.