Las trabajadoras de la limpieza de comisarías y sedes judiciales de Gipuzkoa, que llevan 162 días de huelga, se concentraron ayer ante Lehendakaritza para reclamar la implicación de Iñigo Urkullu en la resolución del conflicto laboral que les ha llevado a parar en demanda de mejoras salariales. Las huelguistas recordaron que durante estos meses de huelga no ha habido ninguna reunión con los responsables de los departamentos de Seguridad ni de Justicia.

La portavoz de ELA, Mirari Irure, explicó que llevan más de cinco meses de huelga para reivindicar la desaparición de la brecha salarial que les separa del sector de la limpieza viaria, donde el 80% de los trabajadores son hombres, y cobran un 7% más que las que ejercen su trabajo en los juzgados y un 13% más que las que limpian en las comisarías. Recalcó, asimismo, que el 95% de las limpiadoras de estos espacios son mujeres y que la mitad de todas ellas secundan la huelga.

Aunque mantienen negociaciones con la dirección de la empresa Garbialdi, las trabajadoras demandan a Lakua que incluya cláusulas sociales en los pliegos de contratación, ya que es quien adjudica estos servicios de limpieza, para «eliminar todo tipo de discriminaciones, incluidas las de género». «Así, los futuros pliegos de contratación que se vayan a publicar en ambos sectores contarán con el amparo legal para poder recoger una previsión con el objetivo de eliminar la brecha salarial», concretó el sindicato abertzale.

«A bombo y platillo»

«Venimos aquí porque el lehendakari es el máximo representante del Gobierno Vasco y ha hecho anuncios a bombo y platillo de su intención de eliminar la brecha salarial», señaló Irure, que apostilló que este colectivo es un «ejemplo muy vivo» de desigualdad salarial.

Por ello, las trabajadoras en huelga exigen con estas movilizaciones una «implicación real» y «soluciones inmediatas» tanto de los departamentos de Justicia y de Seguridad, como de la empresa adjudicataria, «para hacer realidad la igualdad salarial en el sector de la limpieza».

Al hilo de la huelga que desde hace 162 días mantienen las trabajadoras de Garbialdi y los 22 de las residencias de Gipuzkoa, ELA denunció que las administraciones «han convertido la subcontratación en parte del sistema. Con la subcontratación –añadió–, son las propias administraciones las que crean y fomentan la brecha salarial y la precariedad».