Ayer vio la luz lo que se conoce como el informe secreto de Rodolfo Martín Villa sobre los sanfermines de 1978. No siempre estuvo oculto. Se trata de un informe realizado de urgencia para un debate en el Congreso al calor de la polémica que suscitaron estos incidentes y la oleada de protestas posterior. Tras los sucesos de sanfermines, llegó la muerte de Joseba Barandiaran en Donostia cuando salió a la calle pidiendo justicia ante la muerte de Germán Rodríguez. Y también el asalto policial a Errenteria que derivó en agentes cometiendo actos de pillaje.

Los informes recuperados se repartieron a los congresistas para su debate el 18 de julio de aquel año. Pero una vez terminó esa discusión, en la que participó el entonces ministro Martín Villa, aquellos documentos se volatilizaron. En Iruñea se habían abierto investigaciones judiciales para depurar responsabilidades por la muerte de Germán y los otros seis heridos de bala. Los tribunales reclamaban esos informes para poder seguir avanzando, pero el Gobierno decía no saber nada de ellos. Habían caído en el limbo.

Hace un par de semanas, los documentos reaparecieron en el archivo del Congreso. EH Bildu, la formación política que buceó hasta encontrarlos, los fragmentó y los repartió a las asociaciones memorialistas que estudian lo sucedido en cada localidad. Lo revelado ayer por Sanfermines del 78, por tanto, se circunscribe a los hechos de Iruñea. El resto de los papeles verán la luz cuando hayan sido convenientemente analizados.

De los tres informes, en un primer golpe, destaca como el más revelador el elaborado por el general Dionisio Bartrech. Él es el cronista más metódico y preciso. Bartrech narra los hechos del 8 de julio utilizando las letras del alfabeto. Los puntos relativos al empleo del «fuego real» vienen recogidos entre las letras “i” y “m”. La muerte de Germán Rodríguez constituye el hecho documentado con la letra “l” y reza lo siguiente:

«El joven Germán Rodríguez Sáiz fue mortalmente herido por arma de fuego en la calle Roncesvalles (punto 1 del plano), donde también existen en edificios contiguos al lugar varios impactos de bala. El herido ingresó, según oficio del Director del Hospital Provincial, aproximadamente a las 22,00 horas del día 8 y falleció a las 1,30 horas del día siguiente. Según el informe forense, la trayectoria de la bala en la cabeza es horizontal, no pudiendo determinar el calibre».

Este único punto condensa la batalla por el relato de los sanfermines de 1978, que no es otro que el origen de la bala. El Estado jamás admitió que la bala que mató a Rodríguez fuera una disparada por alguno de sus agentes. Solo admite que hubo tiros al aire. Por esto, el general Bartrech introduce en su relato el hecho de que la trayectoria «es horizontal» (algo incompatible con un arma apuntando al aire). Luego, añade que aparecieron «impactos de bala en edificios contiguos». Esto sustentará la tesis de que, entre esos edificios con agujeros de bala, se encontraba la Delegación del Gobierno y que no era probable que la Policía disparara contra su propia sede. Y, como tercer y último elemento, la imposibilidad de determinar el calibre de la bala que mató al joven iruindarra.

La gran aportación del informe del general, sin embargo, no es este punto. Sino los identificados con las letras “j” y “m”. En el primero de ellos, el general da cuenta de toda la munición que se disparó. Así, se lanzaron 4.153 pelotas de goma, 657 botes de humo y 1.138 botes de gas lacrimógeno. Y además de todo ello, Bartrech enumera el «fuego real». Concretamente, se emplearon «80 cartuchos 9 mm. parabellum» y otros 54 cartuchos del calibre «9 mm. corto».

Pues bien, en el punto “m” el general contrasta la existencia de «8 heridos de bala, casi todos leves, que lo fueron en la plaza de toros y 4 en lugares fuera de ella». A uno de los citados heridos se le extrajo una de las balas de calibre «9 mm. corto». Este proyectil, por tanto, hace temblar la versión de los disparos al aire que trata de apuntar el general. Parece incontestable uno de esos 54 cartuchos disparados acabó alojado en el cuerpo de un ciudadano. La teoría de ese grupo armado fantasma que habría andado realizado disparos a la Delegación y, por error, habría sido el responsable de la muerte de Germán hace aguas.

no solo hay que construir la memoria

La versión oficial de que una especie de fuego amigo acabó con Rodríguez hace décadas que no tiene crédito. De hecho, en el comunicado de la Delegación del Gobierno del año pasado–tratando de corregir la razzia policial contra las peticiones de justicia por la muerte del militante del LKI– se refería a esta muerte como un «asesinato». Sin embargo, estos detalles cobran ahora una importancia mayor, pues ya no solo se está en la fase de reconstruir lo sucedido. Desde enero pasado existe una iniciativa judicial pidiendo responsabilidades por estos hechos y ahora cada dato cuenta. Que el general de la Policía Armada, tan solo unos días después de los hechos, sea capaz de concretar el calibre de la bala supone la existencia de informes balísticos que tampoco fueron aportados en su día.

Y es que, según explicó Lourdes Etxeberria, la abogada encargada de la querella contra Martín Villa y el resto de los responsables por estos hechos, los tres informes pueden convertirse ahora en una especie de guía para encontrar nueva documentación una vez consiga reabrir la causa. Los documentos mencionan otras investigaciones internas de la Policía que jamás han visto la luz e incluso algunas de ellas aparecen identificadas con su número de registro, lo que debiera de facilitar su localización.

Por ahora, la juez de Instrucción 5, el juzgado en el que ha recaído la querella por sorteo, todavía no la ha admitido a trámite la causa. Con todo, la letrada da por hecho que pronto podrán solicitarse las primeras diligencias.

La bala extraída del cuerpo de un herido por identificar solo es una muestra de los caminos que abren los tres informes. Pero no la única. En el relato elaborado por el gobernador se menciona una reunión previa de coordinación policial, fechada día 1 de julio. En ella se habría tratado la posibilidad de que la Policía Armada entrara en la plaza de toros. Según el gobernador, se acordó descartar por completo tal operativo. Pero el acta que se adjunta no menciona que se descartara nada. Solo dice que se acordó extremar la prudencia en las operaciones policiales.

Etxeberria muestra su extrañeza por el hecho de que esa reunión tratara una entrada de la Policía Armada en la plaza de toros con antelación. Y lanzó la siguiente duda: ¿Por qué, si esa entrada policial en la plaza se descartó por completo, había un destacamento de la Policía Armada aguardando en el patio de caballos de la plaza de toros?

De otra parte, el informe elaborado por el responsable de la Gobernación Civil resulta llamativo. Una parte de él constituye una vivencia en primera persona de lo que ocurrió en la plaza, ya que él acudió a esa corrida. Ignacio Llano asegura que empezó a dar telefonazos para encauzar aquel desastre, pero que no pudo contactar con los responsables.

Tras el primer análisis, el informe que menos aporta es el realizado por el enviado de Martín Villa a la ciudad para que recabara información. Temporalmente, es el último en elaborarse. Se apoya en los otros dos y viene a ser un resumen de la versión oficial.

Contra Rajoy y Sánchez por ocultación

Jacinto Lara, de la Ceaqua, adelantó una próxima interposición de querella contra los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez por la ocultación de estos informes. Varias fuerzas parlamentarias les reclamaron estos documentos (cuya existencia era notoria pues quedó registro en el diario de sesiones del Congreso) pero ambos gobiernos negaron su existencia.

En último término, Lara avanzó que lo ocurrido en esos sanfermines se sumará a la “Querella Argentina”. Entiende que la represión de aquel día responde a «un patrón» a la hora de utilizar a las Fuerzas de Orden Público contra la población. Dice que fue un uso sistemático, no aislado que, por tanto, constituye un crimen de les humanidad perseguible por la justicia internacional.