Acosada por la crisis de refugiados que incendiaba el debate electoral en Alemania a finales de 2015, la canciller Angela Merkel volvió su mirada hacia el continente africano con lo que parecía una solución mágica: la puesta en marcha de un “Plan Marshall” para África, que premiara además la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y el apoyo a las mujeres. En un guion delirante tan propio de la Unión Europea (UE), la propuesta era compatible con seguir apoyando los abusos de los derechos humanos de gobiernos amigos como Marruecos o Sudán encargados de ejecutar la externalización de fronteras: esa política que bautizó un ministro italiano cuando declaró que «Níger es ahora la frontera sur de Europa».

En apenas seis meses, la canciller viajó dos veces a África, a donde no había ido en los cinco años anteriores, primero para visitar Túnez, Egipto y Libia y posteriormente Níger. El silogismo parecía claro: si conseguían mejorar las condiciones en origen, los migrantes no tendrían necesidad de ir a Europa. Pero como el último informe de la FAO sobre hambre en el mundo se encargó de demostrar, la práctica no es tan sencilla: «Para los países de ingresos bajos, un aumento de los ingresos per cápita conduce inicialmente a niveles más altos de emigración. Solo a partir de los 6.000-8.000 dólares, países de ingresos medios o altos, es cuando la tendencia se invierte».

Pese a la evidencia –«el desarrollo debería considerarse como algo deseable en sí mismo y no meramente como un medio para frenar la migración», insiste la FAO–, Europa mantiene su política de cooperación como estrategia antiinmigración: cada año destina más de 20.000 millones de euros al continente africano –incluidas partidas para proyectos de seguridad–, lo que convierte a la UE en el principal donante de África. Mientras, los migrantes siguen agolpándose a orillas del Mediterráneo.

Y van a seguir haciéndolo. «La gente va a seguir saliendo», asegura Cedrick, quien hace más de diez años salió de la República Democrática del Congo. Él acabó en Sudáfrica. Y es que pese a la retórica populista de una avalancha de migrantes en Europa, el 80% de la migración africana se produce dentro del propio continente. De hecho, son países como Etiopía, Uganda o Kenia los que acogen buena parte de estos refugiados. En la aldea de Cedrick, en Kasaï-Central, ni la salida del presidente Kabila es ya un freno. Decenas de jóvenes siguen marchándose. Algunos, sabe Cedrick de buena tinta, mirarán al sur; otros intentarán llegar a Europa.

Por el momento, la UE cuenta con gobiernos amigos que se encargan de que imágenes como las de Aylan, el pequeño sirio cuyo cuerpo fue hallado en una playa de las costas de Turquía, no lleguen a la opinión pública. Actualmente, Europa mantiene acuerdos de control de fronteras, muchas veces ligados a los paquetes de ayuda para la cooperación, con más de una treintena de estados en virtud de los cuales los firmantes se avienen a aceptar los migrantes deportados, a aumentar el patrullaje fronterizo, a introducir sistemas de identificación biométricos e incluso a construir campos de detención para estos refugiados.

Níger, el modelo a seguir

Níger, uno de los principales países de tránsito de las rutas migrantes en África subsahariana, es el resumen sumario de la estrategia europea: a cambio de convertirse en uno de los principales receptores de ayuda, el Gobierno nigerino ha puesto en marcha un cacareado programa de empleo juvenil y ha multiplicado la presencia policial en la frontera. Las mafias de tráfico de personas tienen más dificultades para operar, pero siguen haciéndolo. Y los dramas humanitarios, con decenas de refugiados muertos al tratar de atravesar el Sahara, no hacen más que multiplicarse, aunque demasiado lejos de la prensa occidental.

Cuando en marzo del pasado año las protestas por el aumento de los precios de los alimentos tomaron las calles del país, el presidente Mahamadou Issoufu ordenó reprimirlas y encarcelar a sus líderes sin que Occidente le reprochase ninguna de sus actuaciones. Una situación calcada a lo que está aconteciendo estos días en Sudán, donde las manifestaciones iniciadas hace algo más de un mes por la subida del pan han dejado ya más de una treintena de muertos mientras la UE se mantiene en silencio.

Tras el acuerdo de Jartum de 2015, Sudán se ha convertido en uno de los principales socios de Europa en la región: el poli malo que consigue frenar a los migrantes antes de acercarse al Mediterráneo. Según una investigación del Mixed Migration Centre, la ruta por el Cuerno de África es ya una de las más peligrosas del mundo y la localidad de Metema, que separa Etiopía y Sudán, el epicentro de una espiral de muertes, violaciones y secuestros de refugiados.

Pese a que el presidente Omar al-Bashir fue acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por la Corte Penal Penal Internacional por el conflicto en Darfur, la UE no ha dudado en firmar un acuerdo para entrenar y equipar a una Policía de fronteras formada entre otros por exmilicianos janjaweed, responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la contrainsurgencia en Darfur. Un movimiento enclavado en lo que la activista Harsha Walia definió en su libro “Undoing Border Imperialism” como «imperialismo de fronteras».

Modelo «Hong Kong»

El escenario sigue siendo demasiado volátil. El continente africano concentra las diez poblaciones más jóvenes del mundo, todas con edades medias inferiores a los 18 años, y las proyecciones demográficas auguran una auténtica eclosión: en 2050, uno de cada cuatro habitantes del mundo será africano. En 2100, uno de cada tres.

Ni el endurecimiento de las fronteras ni el desarrollo del continente van a ser suficiente para detener la migración, por lo que los líderes europeos trabajan ya en nuevas respuestas basadas en el tecnocratismo imperante. Si el Gobierno danés planteaba trasladar a los refugiados a una isla, copiando el modelo desarrollado por Australia en Nauru y cuyos excesos fueron recogidos en &dcThree;su día en GARA, Alemania otea ahora la creación de «ciudades-lanzadera» dentro del propio continente africano como salida a la crisis que se avecina.

La idea, lanzada hace una década por el premio Nobel de Economía Paul Romer, consistiría en crear ciudades administrativamente autónomas, esto es, con leyes y régimen fiscal propios. Un estatus muy similar al de Hong Kong. Aunque ya en 2009 el entonces presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, valoró esta propuesta, las críticas internas hicieron desestimarla. También en Honduras Porfirio Lobo Sosa intentó poner en marcha lo que la prensa local bautizó como “el Hong Kong de América Latina”, aunque finalmente solo fue parcialmente desarrollado con la creación de las controvertidas Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE).

Un concepto que el responsable de la cooperación alemana en África, Günter Nooke, recuperó recientemente en dos entrevistas en medios anglosajones: su renovada propuesta incluía el alquiler, por un periodo de 50 años, de distintos territorios a países africanos para establecer allí estas «ciudades-lanzadera» en las que se daría empleo a los migrantes que actualmente tratan de alcanzar Europa.

«Colonialismo voluntario»

Aunque las acusaciones de «neocolonialismo» no han tardado en surgir y la propia Unión Africana se ha manifestado en contra de esta iniciativa, son también numerosos los apoyos que la idea ha recibido, especialmente entre cierto sector académico abierto a un “colonialismo voluntario” ante el fracaso de numerosos ejecutivos africanos. «El capitalismo va a estar siempre ahí, buscando fórmulas para seguir ampliando sus mercados. En África –apunta Wahbie Long, profesor de Sicología de la Universidad de Ciudad del Cabo e investigador del centro de estudios africanos de la Universidad de Harvard– tenemos muchos ejemplos de gobiernos que han aceptado con los brazos abiertos las aportaciones de capital chino cuando deberían ser muy escépticos respecto a esta ayuda». También con la que llega de Europa.