Agustín GOIKOETXEA
BILBO

Ur Publikoa demanda una gestión del agua alejada de intereses mercantilistas

La plataforma Ur Publikoa presentó ayer un decálogo de medidas hacia un modelo de gestión del ciclo integral del agua público, social, democrático y sostenible en Bizkaia. Piden «cambios profundos».

Hoy es el Día Internacional del Agua. En la víspera, una veintena de organizaciones y personas vinculadas a la universidad presentaron en Bilbo la plataforma Ur Publikoa, dispuestas a impulsar un «profundo cambio» en la manera en que se gestiona ahora este recurso esencial en Bizkaia, partiendo del principio de que el agua es «un derecho humano que ha de estar libre de cualquier interés mercantilista».

No comparten la apuesta del PNV porque sea el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en quien recaiga el control del sistema de abastecimiento y saneamiento, con una gestión «tecnocrática alejada de la participación ciudadana y de los retos claves de sostenibilidad».

Iñaki Antigüedad, catedrático de Hidrología, advirtió de la gran dependencia del actual sistema respecto a los embalses alaveses en vez del mantenimiento de recursos hídricos locales, como mantienen una quincena de municipios. «Bilbao tiene que mirar a Bizkaia y no Bizkaia a Bilbao», expuso en su defensa de un modelo de «proximidad» como el del Consorcio de Busturialdea, con el que los jeltzales quieren acabar, para resolver problemáticas como las de Karrantza.

El objetivo de Ur Publikoa es socializar esa necesidad de modificar el modo de actuar, conscientes de la importancia del agua, especialmente con los efectos del cambio climático. A los sindicatos, organizaciones de consumidores y ecologistas que conforman la plataforma les preocupa la ausencia de políticas «efectivas» de ahorro del agua, así como el «sobredimensionamiento» y el «fuerte» consumo energético de las infraestructuras de potabilización y saneamiento.

En el decálogo proponen que los ingresos que se obtengan a través de las tarifas, así como por subvenciones y operaciones de crédito, se destinen a sufragar los costes de los servicios y no a otros fines.