Nueve eurodiputados preguntaron ayer a la Comisión Europea (CE) si está dispuesta a intervenir después de que la Audiencia Nacional haya impuesto penas de 2 a 13 años de cárcel a ocho jóvenes de Altsasu. El escrito lo firman los parlamentarios Marina Albiol (Izquierda Unida), Xabier Benito y Miguel Urban (Podemos), Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Jordi Solé y Josep María Terricabras (ERC), Ramón Tremosa (PdCAT) y Ernest Urtasun (ICV).

Los eurodiputados denuncian que las actuaciones de los instructores y del tribunal de excepción «incumplen varias directivas europeas y han dado origen a una sentencia que vulnera al menos siete artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». Y preguntan al Ejecutivo comunitario si las vulneraciones de derechos que padecen los jóvenes «justifican al menos un estudio del caso» por parte de la Comisión. También piden información sobre las «actividades que podría desplegar» la CE para hacer frente a esta situación.

Recuerdan que la Audiencia Nacional mantiene «penas de hasta 13 años de cárcel por unos hechos que, de acuerdo con la jurisprudencia, no tienen parangón con otras agresiones a agentes de la autoridad de idénticas características y con consecuencias físicas mucho más graves». Asimismo, destacan que durante el proceso los jóvenes «fueron privados de su derecho al juez natural» al aplicárseles una acusación de «terrorismo» que «no encaja en ninguno de los supuestos descritos» en la Directiva europea.